Las intensas lluvias caídas este mes de marzo han puesto en evidencia obras públicas construidas sin la debida planificación y previsión. Lamentablemente en el país antes que ejecutar obras bien hechas que beneficien a la población, se firman contratos en los que prevalece el interés de obtener alguna comisión. Se contratan obras con sobreprecios buscando aumentar el volumen de la obra para que el porcentaje del atraco sea más cuantioso. Aparte se contratan previamente estudios con precios y coimas excesivas, lo cual quita autoridad moral al contratante para exigir una eficiente y oportuna ejecución de la obra.

Chone sufrió hace pocos días una inundación que convirtió a la ciudad en una laguna y perjudicó a numerosas familias de escasos recursos económicos, no obstante se realizaron obras que debían impedir que aquello suceda, entre ellas, la construcción de la represa de Río Grande a un costo de alrededor de 100 millones de dólares, la cual le hizo exclamar en su inauguración al expresidente Correa, que con esa obra ya no habría más inundaciones en la ciudad; poco tiempo después la realidad lo desmintió.

Conocedores del problema afirman que esa presa debía ser complementada con dos presas pequeñas en dos ríos afluentes del río que cruza la ciudad, obras de menor valor pero de mayor importancia, que dotarían de agua potable a la ciudad. Pero se contrató la de mayor cuantía, que incluso afectaba tierras de alta productividad agropecuaria, lo que fue reclamado en su momento por moradores del recinto.

Se dice con razón que la naturaleza se suele vengar de las cosas que se hacen sin su consentimiento. Ni en el caso de Chone, ni en múltiples carreteras construidas a un alto costo, o en calles en ciudades, los baches, anegaciones o deslaves delatan la mala calidad de la obra, sin que los organismos de control encargados de auditar para precautelar el buen uso de fondos públicos establezcan responsabilidades. Se afirma también que se cotizan esos informes o se los arregla por influencias políticas.

Los inviernos se convierten en implacables fiscalizadores de obras que realizan los gobiernos nacional y seccionales.