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No priorizar la seguridad ciudadana y jurídica en defensa de la democracia, estimula la añoranza de gobiernos autoritarios que la imponen como medio para atemorizar y subyugar a los gobernados, sacrificando la libertad

El Ecuador se aleja cada vez más de aquel país que se ufanaba de ser una isla de paz, libre del terror y tráfico de drogas que atrapaba a nuestros vecinos Perú y Colombia. Actualmente somos un país donde la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, han echado hondas raíces, quebrantando la tranquilidad individual y la paz social.

La seguridad es deber ineludible del Estado, corresponde a quienes gobiernan garantizarla a sus habitantes como factor fundamental que les permita realizar con normalidad sus actividades, aparte de generar confianza a la inversión interna o externa y favorecer un mayor desarrollo económico y bienestar general. Sin seguridad se incuba la incertidumbre, el temor, el miedo, la desconfianza, se vuelve azaroso transitar por calles y carreteras, estando expuestos a sufrir agresiones o atentados contra la vida o la integridad física y sicológica.

Pero la inseguridad no se limita a la delincuencia común u organizada reflejada en asaltos, robos, corrupción, asesinatos, en los tentáculos económicos del narcotráfico que están contaminando amplios sectores, incluso penetrado las fuerzas de seguridad del Estado. Hay algo más profundo que incide en la estabilidad de la democracia: la inseguridad jurídica, que se ha ido enquistando en la administración estatal, vicio estructural en que algunos funcionarios han dejado de ser servidores públicos para sentirse en propietarios de su parcela de poder y actuar según su particular criterio o intereses, lo cual es inaceptable al tratarse de organismos de control o de la administración de justicia, cuando actúan respondiendo a influencias políticas o beneficiando a quienes cotizan sus actos, atropellando la esencia de la democracia que se sustenta en el sometimiento al orden jurídico, empezando por el presidente de la República, cuya primera obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.

No priorizar la seguridad ciudadana y jurídica en defensa de la democracia, estimula la añoranza de gobiernos autoritarios que la imponen como medio para atemorizar y subyugar a los gobernados, sacrificando la libertad.