Pedernales, ciudad manabita limítrofe con Esmeraldas, de gran riqueza agropecuaria, acuícola, pesquera, turística, fue el epicentro del terrible terremoto de abril de 2016. En estos días su nombre es mencionado repetidamente en los medios de comunicación por su triste realidad; es también un símbolo de los multiplicados actos de corrupción que pululan en el país. El negociado en la contratación de su nuevo hospital involucra a esta fecha a dos asambleístas.

Ya no resulta novedad escuchar la comisión de actos reñidos con la moral y la ley, es un hábito que penetra cada vez más en la sociedad ecuatoriana, avalado por la impunidad reinante. La indignación y reclamo de los habitantes de Pedernales pidiendo al Gobierno nacional que construya su hospital se produce por la indolencia e ineficiencia gubernamental, que dilata su ejecución no obstante la vigencia de un estado de excepción. Han pasado más de cuatro años del terremoto que devastó la ciudad, con la pérdida de incontables vidas y cuantiosos bienes.

Los dos gobiernos, el anterior y el actual, no tienen ningún atenuante que justifique esta negligencia. Se expidió con ocasión del terremoto una ley especial de solidaridad, que junto con la ayuda de organismos y gobiernos extranjeros recaudó más de 3.000 millones de dólares, pero los comités de reconstrucción dirigidos por dos exvicepresidentes, Glas y Vicuña, y secretarios de su confianza, no atendieron esta necesidad prioritaria de un pequeño hospital de 30 camas, a un costo estimado de 15 millones de dólares, para el cantón más afectado por el movimiento telúrico. Seguramente por su bajo monto y por ser en un sitio periférico, con escasa influencia política, no mereció la debida preocupación; había otras contrataciones que interesaban más.

Un comité ciudadano de la zona norte de Manabí se formó para vigilar que se concrete esta obra, convertida en un inri de la insensibilidad gubernamental. Tampoco en otros cantones manabitas se han reconstruido sus hospitales, aunque en todos existen denuncias de negociados, sin embargo el Gobierno sigue sin responder quién y a quiénes se repartieron los hospitales.