La última semana el país vivió alguna tensión a raíz de la denuncia del presidente G. Lasso de una supuesta conspiración desestabilizadora de su gobierno, que estarían fraguando tres conocidos dirigentes políticos.

Es indiscutible que el principal desafío del actual gobierno es fortalecer la democracia, alejarla del fantasma de un eventual gobierno totalitario que restrinja libertades y cometa abusos, lo cual es contrario a un régimen de derecho como el que rige actualmente en el Ecuador. Ese fortalecimiento demanda de los actores políticos y en especial del presidente de la República y la Asamblea, acciones orientadas a cumplir cabalmente el mandato popular, actuar dentro de sus facultades y obligaciones, respetar discrepancias mutuas que son legítimas, e incluso necesarias en democracia, pero sin cometer arbitrariedades que rebasen lo permitido constitucional y legalmente.

La difusión de los llamados ‘Pandora Papers’ se ha convertido en un insumo que está siendo utilizado por opositores políticos para cuestionar al presidente, que alega que el caso ya fue analizado al inscribir su candidatura presidencial. Lo pertinente es que Fiscalía, SRI, Contraloría y la propia Asamblea, realicen una investigación profunda y seria, que evidencie el real significado del envío de dinero a paraísos fiscales, pero lo que sí debe perseguirse sin ninguna concesión ni tregua, es el dinero que se esconde fruto de actos ilícitos.

En un país atrapado por un consumismo irrefrenable que ha olvidado toda noción de civismo, no es lo más saludable radicalizar posiciones. El país requiere unión para detener la creciente inseguridad, paz para enfrentar los graves problemas derivados de una severa crisis económica reflejada en un creciente empobrecimiento de amplios sectores sociales. Es satisfactorio se hayan iniciado diálogos entre el presidente y bloques parlamentarios; se aspira que produzcan acuerdos que beneficien a todos los ecuatorianos, objetivo ulterior que deben perseguir quienes detentan el poder, como única forma eficaz para evitar reacciones de grupos o sectores que defienden parcelas de poder para conservar canonjías.