La democracia se fundamenta en la voluntad mayoritaria de ciudadanos de un país, que ejerciendo derechos políticos eligen quién los gobierne. Ortega y Gasset sostenía que filosóficamente es un régimen en que los gobernados aceptan someterse a decisiones de sus gobernantes.

Una real democracia exige respeto a la normatividad jurídica, instituciones que obren con transparencia, favorecer el bienestar de todos sin odios, rencores ni discrimen alguno; aquello la diferencia de un gobierno totalitario, donde quienes gobiernan imponen creencias, usan la fuerza, restringen libertades, convirtiéndose en beneficiarios de canonjías burocráticas y actos lícitos o ilícitos que convengan al grupo detenta el poder.

El Ecuador ha vivido una turbulenta historia con gobiernos elegidos popularmente y dictaduras civiles o militares. La última asonada militar se produjo el 21 de enero del 2000, con la toma del palacio legislativo por parte del Cnel. Lucio Gutiérrez, sin que se haya sancionado a los autores de ese acto de fuerza, a lo que se agrega elecciones como la del año 2002, que por una absurda disposición legal, todavía vigente, la elección se definió en segunda vuelta entre los 2 candidatos con más votos válidos, que sumados no llegaban al 30 %, obligando al 70 % a votar forzadamente por uno de los 2. Lo democrático es definir entre los candidatos que obtengan mayoría de votos que representen más del 50 % de votantes (sin excluir nulos y blancos de electores que escogen esa legítima opción)

Esa distorsión legal ajena a una sana democracia debe corregirse. Actualmente se debiera escoger en segunda vuelta entre los candidatos más votados: Arauz, Lasso, Pérez, que sumados sí representan más del 50 % de votos (contando nulos y blancos).

Con las vigentes disposiciones legales se termina por escoger el mal menor y eso no es democrático. Es imperativo eliminar movimientos políticos de membrete que financian sus campañas con recursos fiscales, así como debe sancionarse el utilizar dineros públicos para clientelismos electorales, haciendo aparecer gestiones en una función pública como dádiva a la población.