Columnas

Crisis de institucionalidad y transparencia

Se aspira a que el Gobierno del “encuentro” encuentre gobernabilidad y edifique un país más estable, más seguro, con menos pobreza y mayor bienestar compartido

Ecuador padece una crisis de institucionalidad, con alta inseguridad jurídica, que pone a la población sin la debida protección de sus derechos. El desenfreno por figurar, captar poder o enriquecerse con dineros públicos de funcionarios públicos y/ o ciudadanos, antepone visiones o conveniencias personales o de grupos, y los hace olvidar la situación que viven los más de diecisiete millones de habitantes.

Si cada función del Estado cumpliera lealmente sus atribuciones y responsabilidades, si no se expidieran leyes sin el suficiente sustento y racionalidad, no hubieran funcionarios interpretándolas o reglamentándolas. Nos hace recordar la tesis napoleónica: “donde existen muchas leyes nadie está exento de ser condenado”.

El problema no es solo institucional o político, ni se reduce a lo económico, tiene varias aristas. Se origina en la falta de transparencia, en actitudes o conductas reñidas con la honorabilidad y la sensatez. Es alentador que el presidente Lasso pida la colaboración de la ONU para combatir la corrupción, que se sancione a los atracadores o derrochadores de fondos públicos, que se recupere lo robado -que se estima en un monto similar a la deuda pública-. Se espera que actúe la justicia con jueces (salvo excepciones) que juzgan según su parecer o por influencias políticas o monetarias; organismos de control, como Contraloría, que expide resoluciones que no se sabe si responden a una auditoría del buen uso de recursos públicos o a presiones políticas o sobornos.

A esa realidad se agrega la limitación del ciudadano a elegir, subordinado a intereses de los propietarios de movimientos políticos que tienen el monopolio de postular candidatos. Por eso se eligen legisladores, munícipes, sin representatividad, muchos desconocidos; el país los conoce después de elegirlos. Afortunadamente los medios de comunicación se han convertido en defensores de la democracia, impidiendo que la corrupción, la demagogia, la mentira, confundan más a la ciudadanía.

Se aspira a que el Gobierno del “encuentro” encuentre gobernabilidad y edifique un país más estable, más seguro, con menos pobreza y mayor bienestar compartido.