Columnas

Cambios legislativos y circunscripciones territoriales

El Ecuador se ha entretenido con cambios cosméticos hechos a normas vigentes relacionadas con adjudicación de escaños legislativos.

El Ecuador se ha entretenido con cambios cosméticos hechos a normas vigentes relacionadas con adjudicación de escaños legislativos, sin afrontar reformas que realmente interesaban al país. Es pertinente haber cambiado el método D’Hont por el de Webster, más equitativo y democrático al no privilegiar mayorías.

La eliminación de votos personales entre listas fortalece los movimientos o partidos políticos, pero priva al elector de escoger candidatos de su preferencia, sin imposiciones de género o de cualquier índole. Este sistema fue establecido para evitar que se antepongan intereses de cúpulas partidistas o grupos sociales, postergando a ciudadanos con mayores merecimientos cívicos y confiabilidad ciudadana. Una selección entre candidatos de una misma lista beneficia al organismo destinatario de la elección, al nutrirse de ideas de personas con mayor independencia para desempeñar la función. En síntesis ese mecanismo frenaba en algo arbitrios de grupúsculos con poder, se veían obligados a proponer mejores candidatos.

Con igual fundamento se crearon circunscripciones territoriales, tratando de bloquear que se impusieran candidaturas ajenas al lugar, restando posibilidades a residentes de sectores que forman parte de la periferia urbana o rural, que tienen derecho a contar con representantes más cercanos a ellos, lo cual descentraliza y además desconcentra el poder político.

Los cambios más visibles aprobados no incluyeron lo que debió ser motivo de un amplio diálogo y debate nacional, reducir el abultado número de legisladores, que bien podría ser alrededor de 100. Se eludió tratar, igualmente, la conveniencia de eliminar asesores personales de cada legislador y regresar a lo que antes existía: asesores del organismo legislativo, en cuyo caso ese número disminuye ahorrando recursos a la caja fiscal. Tampoco se discutió la conveniencia de regresar a la bicameralidad o adoptar un régimen parlamentario, que pudiera contribuir a realizar acuerdos de gobernabilidad, con base en programas consensuados entre las funciones Legislativa y Ejecutiva, evitando tráfico de prebendas personales.