El 7 de setiembre concluyó el juicio que impone sanciones al expresidente Rafael Correa, altos funcionarios de su gobierno y empresarios, concertados para a través de sobornos en la ejecución de obras públicas, perjudicar los intereses nacionales y beneficiar al movimiento político que ejercía el poder. Esa fue la tesis de la Fiscalía General acogida por los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es beneficioso para la democracia y la moral social que quede como lección que no se puede abusar del poder, que este debe ejercerse para servir al conjunto de la sociedad, sin discriminaciones, con exigente ética.

Un gobernante que busca imponer sus creencias, infundiendo temor, ofendiendo a quienes no comparten sus tesis, como lamentablemente aconteció en el gobierno anterior, contraría elementales normas de un régimen democrático, incumple con su deber de respetar y defender el ordenamiento jurídico vigente, sustento de su poder. No proceder bajo esos conceptos es adherirse a modelos totalitarios, que incluso utilizan instituciones destinadas a dar seguridad a los habitantes (Policía y FF. AA.) o crean grupos armados paralelos, para con la fuerza someter a su omnímoda voluntad a los ciudadanos.

El expresidente Correa antepuso su ego, sus ideas, sus frustraciones represadas, sus ansias de poder, desviándose del camino que prometió transitar cuando ganó las elecciones el 2006. Prefirió optar por un estatismo exacerbado del que el mundo tiene los peores recuerdos, como los casos del nazismo, fascismo, estalinismo, que desencadenaron conflictos y guerras mundiales. Pretendió instaurar un proyecto político dependiente de él y su grupo. Invocó la lucha de Alfaro, olvidó que él fue un defensor a ultranza de la libertad; su proclama era: “todo menos la dictadura”. Recurre sin justificación a Voltaire, cuya esencia filosófica es: “con lo único que hay que ser intolerantes es con la intolerancia”.

Una democracia exige diálogos, búsqueda de consensos en función de objetivos comunes. Es admisible que un gobernante sea enérgico para mantener el orden, pero no tiene derecho a subyugar a sus gobernados