Medardo Mora Solórzano | Derechos humanos y justicia
En una democracia estos derechos debería garantizarlos una justicia independiente
El 10 de diciembre se conmemora el día de los Derechos Humanos, fecha establecida por la ONU en 1948. Debe recordarse que la ONU surge como una organización de Estados llamada a precautelar la paz mundial, pero su labor ha sido desbordada por conflictos y guerras que escapan a su control.
No quiero reducir mi opinión a un recuerdo lírico de la mencionada declaración, en un mundo donde los irrespetan países imperialistas, totalitarios, y el crimen transnacional, que cuenta con caudalosos recursos monetarios y crece exponencialmente. Si nos remontamos al origen de estos derechos denominados del hombre y el ciudadano, los aprobó la Asamblea Legislativa Francesa en 1789 después del triunfo de la Revolución Francesa del 14 de Julio de ese año. Se establecía como límite de estos el respeto a los derechos de los demás y que sean garantizados por los gobiernos de cada país.
La interrogante es qué hacer frente a los gobiernos tiránicos que los violan flagrantemente, como el de Venezuela, que adicionalmente, usando la fuerza usurpa el poder. Es oportuno recordar la tesis que impulsó con clara visión democrática el expresidente Jaime Róldos en la Carta de Conducta firmada en Riobamba en 1980 con otros gobiernos democráticos, la cual establece que no se violenta el principio de no intervención y la soberanía de un Estado cuando se defienden los derechos humanos, en circunstancias que gobiernos militares en el Cono Sur de América Latina los violaban impunemente.
En una democracia estos derechos debería garantizarlos una justicia independiente, pero en Ecuador la justicia está coaccionada por la corrupción, la injerencia política y el temor al crimen organizado, mientras que los ciudadanos que respetan la ley y obran correctamente quedan en indefensión.
¿Cómo podría la ONU ejecutar sus resoluciones, que incluso pueden vetarlas los países imperialistas? Debería contar con una justicia internacional ágil, dotada de una fuerza pública coercitiva, con atribuciones para despojar del poder a gobernantes dictatoriales que desconocen abusivamente los derechos humanos, sin que exista una justicia interna que los proteja.