Si alguna institución le ha fallado al país es la Contraloría General del Estado, utilizada como medio de persecución política o de presión para obtener recompensas a cambio de no establecer responsabilidades o cobrar coimas. Ha perdido credibilidad al buscar sancionar sin distingo a funcionarios honorables o a funcionarios y contratistas o proveedores corruptos. Aquello explica por qué los dos últimos contralores están enjuiciados por delitos como peculado, concusión, cohecho o delincuencia organizada.

El nuevo contralor expresó que asume el cargo sin compromisos políticos. Su designación es producto de un concurso de méritos y oposición. Se sabe que es una persona que conoce el funcionamiento interno de la entidad, sus fortalezas y debilidades; eso inspira confianza, lo vuelve no permeable a informes desviados o al tráfico de influencias. Tiene la dura responsabilidad de ser juez de cuentas y eso lo obliga a obrar con apego a la normativa legal y juzgar los méritos de los exámenes de auditoría, sin olvidar que no puede lastimar el honor de personas correctas, ni tampoco favorecer la impunidad. Lamentablemente los resultados que exhibe Contraloría por los escandalosos atracos a los fondos público son escasos, sus seguimientos han sido más por buscar, con o sin razones, errores de forma de orden administrativo; por ello fue esperanzador escucharle decir en su posesión que dedicaría más atención al análisis de glosas de carácter civil y a casos con indicios de responsabilidad penal.

Requiere, señor contralor, obrar con la mayor firmeza y probidad. No es una tarea fácil, pero el país clama porque Contraloría recupere la confianza en su delicada e importante labor. Tenga la seguridad de que si usted actúa sin desvíos y logra reposicionar al organismo que dirige en el sitial que le corresponde, el país le agradecerá. Si algo es prioritario en el Ecuador es perseguir sin tregua el atraco a los recursos públicos, que ha enriquecido inmoralmente a nuevos ricos y empobrecido a la mayoría de ecuatorianos.

Usted tiene un arma, hacer seguimientos al enriquecimiento no justificado. Esa es una potestad privativa de Contraloría.