Martin Pallares: La salud de Glas esconde lo principal
En realidad, lo que ocurrió a partir del terremoto de Manabí merece una mirada mucho más atenta
Parece ser que la opinión pública está más pendiente de la salud emocional de Jorge Glas que de lo que se hizo con los fondos recaudados durante el correato para los damnificados del terremoto de Manabí de 2016. Pobre hombre, se lo ve muy mal, dicen unos, mientras otros se acongojan por sus menciones al suicidio o por las alucinaciones que dice tener. Alucinaciones que también lo afligían en su anterior encierro y que desaparecieron tan pronto un juez corrupto le extendió un ‘habeas corpus’ gracias el estímulo económico del narcotraficante Leandro Norero. Es evidente que, en la actual conversación, los 225 millones de dólares que Fiscalía sostiene que fueron desviados por Glas y Carlos Bernal (encargado de la obras) son menos importantes que los desvaríos del personaje.
En realidad, lo que ocurrió a partir del terremoto de Manabí merece una mirada mucho más atenta. Y no solo por el supuesto desvío de 225 millones dólares del que habla Fiscalía, sino también por aquel decreto 1073 que Rafael Correa emitió el 10 de junio de 2016, a dos meses de la catástrofe. Ese decreto contenía una disposición que, posiblemente, sirvió para consolidar la industria del lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la buena salud de que goza el crimen organizado. Correa dispuso que, a pretexto del terremoto, cualquier persona pueda presentar declaraciones patrimoniales nuevas o sustitutivas ante el Servicios de Rentas Internas (SRI), desde el 2009 hasta el fin del 2016. La norma produjo un fenómeno casi inmediato y bárbaro: una avalancha de declaraciones patrimoniales. Según el SRI, 5.810 contribuyentes realizaron 8.385 declaraciones nuevas y sustitutivas que representaron 3.927 millones de dólares. Esta riqueza, según el exasambleísta César Carrión de CREO, que reveló el tema, se encontraba escondida desde 2009 y coincide con las investigaciones en torno al caso Odebrecht y Panama Papers.
El trato justo de cualquier persona, por más reo o corrupto que haya sido, como Glas, es una obligación de cualquier sociedad civilizada. Pero el juicio en contra de Glas debería ser, sobre todo, una ventana para entender qué pasó con el dinero recaudado y para saber si ese gesto de Correa sirvió para el fortalecimiento del narcotráfico. Un narcotráfico que, como se ha visto, financió un ‘habeas corpus’ para Glas.