El país está lleno de genios. Tienen un dogma de fe irrebatible según el cual achicar el Estado es el único camino válido y posible para solucionar el déficit fiscal del país que llega a casi siete mil millones de dólares y que, como si fuera poco, tiene que cerrarse hasta marzo. De subir el IVA a un nivel promedio en la región no aceptan ni hablar, como tampoco quieren hablar de la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Para ellos solo hay una fórmula: achicar el Estado. Pero estos genios tienen una particularidad: cuando se les pide que digan con exactitud dónde se puede achicar el gasto y qué significa ese recorte responden con un silencio digno de monjes tibetanos. En realidad, en esta controversia que hay por la angustiosa necesidad de captar recursos para cerrar el déficit e impedir que la dolarización colapse, ninguno de los genios ha podido decir cómo y dónde se debe achicar al Estado. Además, las cifras y la realidad indican que están más perdidos que cangrejos en Siberia. De acuerdo con el presupuesto del Estado, de los $ 10.150 millones anuales que cuesta el funcionamiento del sector público, $ 3.950 millones, es decir el 40 % está destinado al sector de la Educación, lo que se explica en parte por la decisión de la Corte Constitucional de poner en vigencia una ley hecha por los mismos genios del achicamiento. Luego está el sector de la Salud con $ 1.800 millones, lo que representa alrededor del 20 %, mientras que Policía y Defensa cuestan juntas $ 2.900 millones. El sector de Justicia significa, finalmente, $ 500 millones anuales. Es decir, entre todos estos sectores se suma el 90% del presupuesto estatal. ¿Cómo hacer los cortes ahí? Quizá existe alguna fórmula viable pero los genios no la han revelado. En realidad, todo lo que son ministerios, organismos estatales y gastos sociales cuestan algo menos de $ 1.000 millones, es decir algo por debajo del 10 %. Por lo tanto, si se borran del mapa los ministerios, la Asamblea, la Función Electoral y otros organismos se podría ahorrar mil millones de dólares, lo que no alcanza ni de chiste para solucionar el problema. Eso sin contar la millonada que costarían las indemnizaciones laborales y la consecuente desaparición del Gobierno.

Si el Ecuador no se libera de estos geniecillos de la política y la opinión pública, jamás podrá sacudirse de los dogmas atrasa pueblos que lo aquejan.