Columnas

El derecho a saber y a vacunarse

No es una opinión, es una obligación, porque todo funcionario está obligado a aplicar los derechos humanos y no proteger intereses de empresas.

La salud es un derecho humano garantizado por el Estado y se aplica en relación a otros derechos humanos, porque todos se relacionan e interactúan entre sí.

Las políticas públicas pasan por varios programas y prestación de servicios de salud bajo principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución, etc.

Todas las personas tienen derecho a mantener en reserva los datos con relación a su salud. En tal virtud, el derecho se materializa en la protección y autonomía de cada personas con relación a sus datos, y de darse el caso de su acceso a otras personas se exigirá el principio de responsabilidad.

¿En una pandemia, cuál sería el bien jurídico protegido de quien quiere esconder su nombre por haber sido vacunado?

Las consecuencias por la presencia de la pandemia por COVID-19 desmantelaron estructuras públicas, permitiendo ver mediocridad, incapacidad y corrupción en varios ámbitos del servicio de salud.

Recientemente el nuevo ministro de Salud ha dicho que no puede decir cuánto pagó el Ecuador por cada vacuna y que no será posible saber quién fue vacunado.

Human Rights Watch al respecto advirtió que la cooperación internacional y la responsabilidad de los Estados es clave para la eficiencia y transparencia. Y afirmó que “los gobiernos deben ofrecerles a las personas de todo el mundo el máximo acceso a la vacuna contra COVID-19 y quienes financien vacunas con fondos públicos deben hacerlo de acuerdo con términos y condiciones transparentes. Los gobiernos tendrán que apoyar se dispensen algunas normas globales de propiedad intelectual, a fin de que las vacunas puedan fabricarse a gran escala y ofrecerse a un precio al que todos puedan acceder”. Así también dice que utilizar fondos públicos sin informar en qué términos y condiciones se hace, vulnera los principios de derechos humanos de transparencia y rendición de cuentas.

En resumen, no se tapa nada. No es una opinión, es una obligación, porque todo funcionario está obligado a aplicar los derechos humanos y no proteger intereses de empresas.