Juan Carlos Holguín | Que la minería ilegal no se mezcle con la protesta social
No podemos preocuparnos de la droga, los terroristas, el tráfico de personas si no nos preocupamos antes de la minería ilegal
En mayo del año 2024 escribí en esta columna sobre el problema de la minería ilegal, mencionando que pocos recuerdan que en julio de 2019 se llevó a cabo uno de los operativos más grandes de la historia del país contra las estructuras criminales. La entonces ministra del Interior, María Paula Romo, lideró personalmente esta acción: un operativo de seis días, antiminería ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura.
En esa ocasión la Policía Nacional logró el control territorial de la zona; también la salida voluntaria de más de ¡5.000 personas! que vivían de la operación; se detuvo a algunos ciudadanos chinos que lideraban la estructura ilegal; e incluso se decomisó material minero en la hostería del exfutbolista, Agustín Delgado.
A las pocas semanas, Leonidas Iza inició sus actos terroristas de octubre y disparó contra la ministra Romo. Poco tiempo después, con la salida de la ministra a través de un absurdo juicio político, que se ha demostrado estuvo azuzado por las estructuras criminales, aquellos operadores ilegales de la minería ganaron una batalla y volvieron a la carga, con más fuerza que nunca.
El día de ayer el Financial Times anunció un nuevo récord del precio del oro en el mundo: se paga esta semana aproximadamente 130.000 dólares americanos por kilo. A diferencia de otras industrias ilegales que tienen altos costos de logística, por lo que los precios por kilo de producto se pagan si es que este llega bien a destino, el precio del oro generalmente se lo paga en origen.
Con permisos de minería artesanal, estos mineros ‘artesanales’ operan en la ilegalidad, devastando además todo el ecosistema natural. Por eso hay que decirlo claro: no podemos preocuparnos de la droga, de los terroristas, del tráfico de personas, si no nos preocupamos primero de la minería ilegal.
Está en todas partes y es ahí donde se lava la mayor cantidad de dinero ilegal en el país. Y es tal la cantidad de dinero que mueven, que hay un riesgo enorme de que ante las medidas de retiro de subsidios del combustible o del ataque directo y legítimo por parte del Estado contra las operaciones criminales, los grupos que operan en esta industria ilegal se entremezclen con la protesta social.
Es por esto que una de las amenazas más grandes para la democracia es la operación de las estructuras criminales. La economía dependiente de las actividades irregulares como el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la minería ilegal, el tráfico de especies, las apuestas, entre otras, es tan grande que sus intereses se extienden a casi todos los estamentos del Estado.
Los medios de comunicación, las misiones diplomáticas, las organizaciones sociales y de protección de derechos humanos deben estar atentos a este fenómeno. La manipulación por parte de las economías ilegales en momentos de desestabilización es muy grande, y hay que tener mucha prudencia a la hora de postular una posición.
La protesta social siempre será legítima y necesaria en un país libre. Sin embargo es necesario identificar si en ocasiones en ella se han colado grupos que lo único que buscan es que sus operaciones ilegales no sean topadas. Ojalá no tengamos nunca más otro octubre.