La firma electrónica implica una operación criptográfica, en la que, si una coma se cambia, permite verificar si la firma es auténtica. Además, frente a la firma manuscrita, la firma electrónica ofrece las siguientes ventajas: fortalece el teletrabajo, es más segura, reduce costos, agiliza los procesos, evita la alteración del documento y facilita el acceso a ellos, entre otras.

El agilizar procesos en las organizaciones públicas y privadas, beneficia especialmente a los usuarios. Si el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia automatizaran procesos, tendríamos mayor acceso y transparencia a la justicia. En lo coyuntural, permitiría trámites expeditos para solucionar algunos aspectos de la crisis carcelaria.

Nuestro sistema judicial es costoso, lento, discriminatorio, incomprensible, corrupto e ineficiente y bajo un modelo que funcionaba hace novecientos años. Las plataformas de Cortes en Línea con todas estas posibilidades existen con resultados exitosos para ciertas materias en algunos lugares del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, China, Singapur y Australia. Presentan dos fases: la primera, asesora a los usuarios por medios telemáticos; y una segunda, más avanzada, en la que es la inteligencia artificial quien administra justicia. La mediación en todas sus formas se impulsa durante el proceso.

Los sistemas de Cortes en Línea también tendrían rutas de ingreso para los que sí somos abogados. Esto puede hacerse para muchísimos casos sencillos de resolver, dejando a los jueces tradicionales para los casos más complicados. Lo mismo para los registros de la propiedad, mercantiles y trámites públicos de cualquier tipo, impulsando la transparencia.

Es vital que profundicemos la automatización de procesos y contratos, porque esto evita la presencialidad en era de COVID, en la que la buscamos soluciones telemáticas rápidas para avanzar. Reformas en la legislación en este sentido incrementarán la competitividad ecuatoriana.