Columnas

Federalismo

La descoordinación de la gestión pública al enfrentar el COVID-19 ha demostrado, una vez más, que el modelo centralista (unitario) no funciona.

Desde febrero desaparecieron 150.000 empleos adecuados. Aproximadamente 13.334 millones se dejaron de vender. Según el FMI, el PIB mundial caerá 3 % en 2020. La perspectiva más favorable para Ecuador la presenta Goldman Sachs: -5,7 % del PIB. Son indicadores alarmantes y obligan al Estado a crear urgentemente condiciones para atraer inversiones extranjeras que permitan nuevas fuentes de empleo sostenibles. El fin último de la economía es beneficiar al consumidor. Si el Gobierno decide gravar los productos con salvaguardias, mantener aranceles elevados, adelantar o crear nuevos impuestos, el principal perjudicado es el consumidor. Pierde poder adquisitivo y libertad para elegir. Y también pierde el Gobierno pues recaudará menos impuestos. Pierden las industrias nacionales, los distribuidores, los medios de transporte, las tiendas, los empleados; toda la cadena productiva.

En tiempos de competencia global e interconexión tecnológica les va mejor a los países tolerantes, que facilitan la circulación de bienes y capitales, promulgan legislación orientada a simplificar la contratación de trabajadores, favorecen el mantenimiento de los negocios, la productividad y el ahorro privado mediante fondos de inversión. Cuando los gobiernos de los países complican estos factores se escapan los talentos y las inversiones a países que sí ofrecen estas ventajas.

La descoordinación de la gestión pública al enfrentar el COVID-19 ha demostrado, una vez más, que el modelo centralista (unitario) no funciona. Se necesita verdadera autonomía en los niveles de gobierno. Los fondos públicos deben estar cerca de los contribuyentes; son las autoridades locales quienes conocen la problemática que les aqueja. No es un tema de regionalismo, sino de eficiencia frente a los retos que enfrenta el país. Propongo iniciar el debate para cambiarnos a un sistema federal, que le permita a cada nueva división política promulgar legislación con las ideas mencionadas en este artículo u otras, posibilitando que sus habitantes alcancen la prosperidad cuando la respectiva división política haga bien las cosas.