Juan Carlos Díaz Granados | Instituciones o violencia
Ese esfuerzo exige liderazgo político, cooperación regional y una ciudadanía comprometida con la legalidad
El inicio de 2026 plantea a Ecuador una disyuntiva clara: fortalecer sus instituciones o enfrentar mayores niveles de violencia. El entorno regional se ha vuelto más inestable y el crimen organizado se adapta con rapidez cuando cambian los equilibrios políticos y de seguridad. Estos procesos no deben abordarse con alarmismo, pero sí con realismo y responsabilidad estatal.
Es razonable prever que la presión internacional y los reajustes internos en otros países generen desplazamientos de estructuras criminales hacia territorios donde perciban mayores oportunidades. Ecuador, por su ubicación estratégica y por contar con una economía dolarizada, puede resultar atractivo si no existe una institucionalidad sólida que actúe como barrera efectiva. El dólar no es un problema en sí mismo; el riesgo surge cuando la fortaleza monetaria no está acompañada de controles, inteligencia y justicia eficientes.
La experiencia comparada demuestra que la violencia asociada al crimen organizado no se reduce solo con respuestas reactivas. Se reduce cuando el Estado actúa con reglas estables, aplica la ley sin excepciones y evita que las instituciones sean capturadas por intereses ilegales. Un país con reglas claras y autoridades coherentes es un entorno menos rentable para las economías ilegales.
En este contexto, la gestión de los organismos de control es decisiva. No basta con que existan múltiples entidades fiscalizadoras si operan de forma fragmentada. La coordinación interinstitucional y el cruce automático de información, dentro del marco legal vigente, fortalecen el control, la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Fortalecer la institucionalidad no es una consigna abstracta, sino una estrategia concreta de seguridad. Implica profesionalizar a las fuerzas del orden, fortalecer el sistema judicial y garantizar que las normas se apliquen sin excepciones.
La improvisación es aliada del crimen; la coherencia institucional es su principal disuasivo. Ecuador aún está a tiempo de anticiparse. Ese esfuerzo exige liderazgo político, cooperación regional y una ciudadanía comprometida con la legalidad.