Juan Carlos Díaz Granados | Cuando la protesta subvenciona el caos
El Estado de Derecho no puede ceder ante la intimidación
En los últimos días hemos visto protestas contra la focalización del subsidio al diésel. Conviene aclarar: no se trata de la eliminación del subsidio, sino de un ajuste que busca proteger a los más vulnerables y, al mismo tiempo, frenar el contrabando y el uso del combustible en actividades ilícitas como la minería ilegal.
Los datos son elocuentes: el consumo de diésel ha caído drásticamente en provincias fronterizas y en Galápagos. Eso revela que buena parte de lo que antes se subsidiaba no se destinaba al transporte de familias trabajadoras ni a la producción lícita, sino al contrabando y a negocios ilegales que dañan al país.
Sin embargo, algunos sectores sociales reaccionan con violencia. Se organizan marchas masivas que implican un despliegue logístico enorme: transporte, alimentación y estadía de miles de personas. Los dirigentes insisten en que todo se financia con mingas comunitarias -así lo dijeron en entrevistas-, pero la magnitud de esas movilizaciones hace evidente que se requieren recursos muy superiores. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿de dónde provienen realmente esos fondos?
El problema se agrava cuando ciertos dirigentes rechazan ser calificados de terroristas, mientras sus acciones -bloqueo de vías, destrucción de bienes públicos y privados, ataques a la seguridad ciudadana- encajan en la tipificación penal vigente y vulneran derechos constitucionales de todos los ecuatorianos. El Estado de Derecho no puede ceder ante la intimidación.
Más allá de la coyuntura, preocupa un trasfondo ideológico que alimenta la división y fomenta un discurso de separación. Cuando se actúa fuera de la institucionalidad, se debilita la democracia y se cierran los canales legítimos para canalizar reclamos.
La incoherencia es evidente. Se oponen con fuerza a la minería legal, que podría generar empleo digno y recursos sostenibles, pero guardan silencio ante la minería ilegal, que usa diésel subsidiado, destruye el ambiente y sirve para que la delincuencia organizada lave el dinero.
No se trata de negar injusticias ni de minimizar la legítima protesta. Se trata de exigir coherencia, respeto a la ley y responsabilidad. Porque un país que subsidia el caos nunca podrá subsidiar el futuro.