Juan Carlos Díaz Granados | Cuando la protesta subvenciona el caos

En los últimos días hemos visto protestas contra la focalización del subsidio al diésel. Conviene aclarar: no se trata de la eliminación del subsidio, sino de un ajuste que busca proteger a los más vulnerables y, al mismo tiempo, frenar el contrabando y el uso del combustible en actividades ilícitas como la minería ilegal.

Los datos son elocuentes: el consumo de diésel ha caído drásticamente en provincias fronterizas y en Galápagos. Eso revela que buena parte de lo que antes se subsidiaba no se destinaba al transporte de familias trabajadoras ni a la producción lícita, sino al contrabando y a negocios ilegales que dañan al país.

Sin embargo, algunos sectores sociales reaccionan con violencia. Se organizan marchas masivas que implican un despliegue logístico enorme: transporte, alimentación y estadía de miles de personas. Los dirigentes insisten en que todo se financia con mingas comunitarias -así lo dijeron en entrevistas-, pero la magnitud de esas movilizaciones hace evidente que se requieren recursos muy superiores. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿de dónde provienen realmente esos fondos?

El problema se agrava cuando ciertos dirigentes rechazan ser calificados de terroristas, mientras sus acciones -bloqueo de vías, destrucción de bienes públicos y privados, ataques a la seguridad ciudadana- encajan en la tipificación penal vigente y vulneran derechos constitucionales de todos los ecuatorianos. El Estado de Derecho no puede ceder ante la intimidación.

Más allá de la coyuntura, preocupa un trasfondo ideológico que alimenta la división y fomenta un discurso de separación. Cuando se actúa fuera de la institucionalidad, se debilita la democracia y se cierran los canales legítimos para canalizar reclamos.

La incoherencia es evidente. Se oponen con fuerza a la minería legal, que podría generar empleo digno y recursos sostenibles, pero guardan silencio ante la minería ilegal, que usa diésel subsidiado, destruye el ambiente y sirve para que la delincuencia organizada lave el dinero.

No se trata de negar injusticias ni de minimizar la legítima protesta. Se trata de exigir coherencia, respeto a la ley y responsabilidad. Porque un país que subsidia el caos nunca podrá subsidiar el futuro.