José Molina Gallegos | Los quejudos
El Estado no puede ser una bolsa interminable de recursos para sostener ineficiencia con el dinero de todos
Los ecuatorianos somos gente especial: amables, trabajadores, hospitalarios, pero tenemos una habilidad nacional difícil de superar: quejarnos. Nos incomoda lo que no funciona, pero también lo que empieza a corregirse. Queremos cambios, pero cuando llegan, no nos gustan. Es parte de nuestra compleja relación con lo público, y también con lo privado.
El tamaño del Estado ha crecido de forma desproporcionada. Eso genera ineficiencia, gasto irracional y una desconexión con las prioridades ciudadanas. En tiempos de vacas flacas, lo lógico es optimizar recursos. Pensemos en un hogar con menos ingresos: sería absurdo seguir gastando igual o endeudarse para pagar lo cotidiano.
Y, sin embargo, cuando el Ejecutivo reduce de 20 a 14 ministerios, lo primero que hacemos es quejarnos. ¿No veníamos pidiendo un Estado más liviano? ¿Más eficiente? ¿Más enfocado? Varios de estos ministerios cumplen funciones duplicadas o carecen de impacto real. Basta recordar el esnobismo institucional de tiempos pasados, cuando incluso llegamos a tener un Ministerio de la Felicidad. ¡Somos únicos!
Según el Gobierno, con esta medida se ahorrarán más de 700 millones de dólares al año. Es una cifra significativa. En el sector privado, quien no produce, se va. ¿Por qué en lo público no debería ser igual? El Estado no puede ser una bolsa interminable de recursos para sostener ineficiencia con el dinero de todos.
Eso sí: reducir no es lo mismo que abandonar. Estas decisiones deben ir acompañadas de una estrategia responsable de reincorporación laboral. Es indispensable ofrecer alternativas reales a quienes pierdan su plaza: procesos de capacitación, transición hacia sectores productivos, vinculación con otras áreas. Sin eso, el ajuste se convierte en exclusión.
Y entonces, lo importante: ¿qué hará el Gobierno con esos 700 millones? El éxito de esta medida dependerá de su capacidad para ejecutar con eficiencia y comunicar con transparencia en qué se invierte ese dinero. Que se traduzca en hospitales funcionando, escuelas con docentes, seguridad equipada. Que no se diluya. Que nos rindan cuentas.
