José Molina | Cuidado se nos vaya la mano...
Solo en caso de flagrancia se justifica el ingreso sin orden judicial
Situaciones extremas implican soluciones extremas. Esta frase es válida, incluso justa, en momentos de profunda inseguridad como los que vivimos. Sin temor a exagerar, los ciudadanos estamos sometidos al terror de más de una docena -si la memoria no me falla- de bandas delincuenciales, además de otras estructuras aún no identificadas.
La desesperación estatal, que no es infundada y responde a un clamor legítimo de la ciudadanía, se origina en la demanda de una garantía básica: vivir en paz. Poder salir a la calle sin el temor constante de ser asaltados, extorsionados o incluso asesinados por el simple hecho de portar un celular.
En ese contexto, se han adoptado medidas que, aunque comprensibles, podrían estar alejándose de los límites que la Constitución y la ley -a los que todos estamos obligados- nos imponen.
La recientemente aprobada Ley de Solidaridad Nacional establece una disposición singular: permite el allanamiento sin orden judicial por parte de la Policía o las Fuerzas Armadas, con la condición de que, dentro de las 24 horas siguientes, dicha actuación sea calificada por un juez competente, quien deberá verificar su legalidad (artículo 15 de la ley).
Sin embargo, no podemos pasar por alto que el artículo 66, numeral 22, de la Constitución del Ecuador -norma suprema del ordenamiento jurídico- garantiza el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Esta disposición establece, con claridad, que “no se podrá ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante”.
Es decir, solo en caso de flagrancia se justifica el ingreso sin orden judicial. En todos los demás supuestos, esta garantía constitucional debe respetarse.
Es imperativo que la Corte Constitucional se pronuncie sobre este y otros aspectos de la ley. Preocupa que la aplicación de esta medida procesal penal pueda, con el tiempo, generar sanciones internacionales al Estado por parte de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha emitido varias condenas contra el país, con consecuencias que se traducen en llamados de atención y sanciones económicas que finalmente pagamos todos.
Cuidado que, por querer hacer el bien, se nos vaya la mano.
