El escándalo-Glas resultó una papa caliente que el gobierno de Lasso no ha sabido administrar. Primero, ante el juez Diego Moscoso. Los representantes del Ejecutivo nada objetaron. Y había razones para hacerlo: juez sin competencia penal. Con antecedentes correístas. Asignado al caso mediante sorteo manual. Con sede en la parroquia de Manglaralto (Santa Elena), a 510 kilómetros de Latacunga (Cotopaxi), donde estaba el preso. Un juez que concedió un ‘habeas corpus’ sin que procediera, con una boleta de excarcelación firmada por un secretario. Ese fallo configura posiblemente un fraude procesal y médico para favorecer al sentenciado más preciado del correísmo.

Segundo, el Gobierno se ha hecho bola políticamente. No ha cesado de estar a la defensiva. El presidente y su ministro de Gobierno han pretendido eludir el bulto poniendo a Montesquieu de por medio: la Justicia es independiente. En realidad, el Ejecutivo se ha enredado dando explicaciones de errores cometidos por funcionarios de segundo orden que tampoco han sido sancionados. Ha anclado así la duda de si esos funcionarios actuaron por voluntad propia o cumplieron órdenes.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), no supo explicar ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea la actitud de su delegado en la audiencia en la cual el juez decidió dejar libre a Jorge Glas. Tampoco fue claro Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, ante la misma comisión. No se sabe por qué su director de Asesoría Jurídica admitió ser convocado solo como parte de un aspecto técnico -trasladar a Jorge Glas- y, luego, ni siquiera figurar en la audiencia que se llevó a cabo por Zoom.

Luce claro, hasta ahora, que el ministro de Gobierno no dimensionó -o no quiso hacerlo- lo que estaba en curso y que no lo mortifica, al parecer, que sus funcionarios tampoco lo hayan hecho. Total, también él ha escurrido el bulto recurriendo a la tesis de la separación de poderes traída a colación por el presidente Lasso. Sin dar nombres, él dijo que la élite ecuatoriana -especialmente letrados, profesores de universidad- le pidió meter la mano en la Justicia. Un sinsentido, naturalmente, porque no se trata de que el Ejecutivo atropelle las instituciones, sino que cumpla con sus obligaciones.

No lo ha hecho. No solo ha estado a la defensiva: ha evitado, en forma ostensible, ubicar este escándalo en su real dimensión política. No ha hablado de Jorge Glas. No ha dicho quién era y por qué está con dos sentencias ejecutoriadas, una en curso de apelación y otros procesos pendientes en la Fiscalía General. No ha recordado que él fue, como cabeza de la supuesta transformación modernizadora del país, el artífice mayor de la corrupción de la década correísta.

Es más: los ministros de Gobierno y del Interior fueron acorralados, el miércoles pasado en la Comisión de Fiscalización, por Ronny Aleaga, Ferdinan Álvarez y Roberto Cuero. Esos asambleístas exigieron, sin descanso, que expliquen por qué se ha establecido un operativo de seguimiento a Glas para que no escape. El retrato que hicieron del sentenciado fue el de un beato en camino a ser santo. Y, claro, denostaron de ese Estado derrochador que gasta dinero en esas ligerezas mientras Guayaquil está asediada por la delincuencia…

Jorge Glas corrupto, sobrino de Ricardo Rivera, beneficiario de las coimas de Odebrecht, ícono de un modelo autoritario; ese Glas sentenciado por la Justicia en medio de enormes presiones, no existe para el gobierno de Lasso. No es una curiosidad: ese es el mayor enigma de este escándalo.