El presidente Moreno y su gobierno están dichosos (es el adjetivo indicado) de su viaje a Washington y de su encuentro con Trump y sus funcionarios. En el video oficial hecho tras el viaje dicen que lograron todo lo que se propusieron y fue un verdadero éxito. No han dicho al país que los logros de los cuales hablan se resumen en reactivar una relación y unos acuerdos que Rafael Correa congeló, cortocircuitó o abiertamente dinamitó en su gobierno.

¿Son logros? Lo son, sin duda. Perfilan, no obstante, una paradoja: con ellos el país vuelve a 2007 (No al TLC), a 2008 (anuncio del cierre de la Base de Manta para luchar contra el narcotráfico), a 2009 (fin de la ayuda de EE.UU. a la Policía), a 2013 (anuncio de la expulsión de Usaid)… y la retahíla podría continuar. El país vuelve sobre sus pasos, lo cual subraya el daño innegable hecho por Correa y su gobierno -muy nacionalistas ellos, muy de izquierda- que impusieron esas decisiones al país en forma irresponsable, tan solo llevados por sus prejuicios ideológicos. Correa pudo negociar un acuerdo comercial apenas se instaló en Carondelet. Lo descartó. Ahora ese debate -que el país encaró hace 15 años- vuelve tras haber sido archivado sin que el correísmo ofreciera al país alternativas viables y sostenibles.

Los logros alcanzados por Moreno y su gobierno muestran, en dimensión real, el retroceso que consintió el país con su socio comercial más importante. Años en los cuales las oportunidades comerciales que, por supuesto debían ser bien negociadas y que eran las únicas que podían generar empleo, traer inversión y dólares al país, fueron canjeadas por escenarios ficticios y antojadizos creados en la Semplades. 

En esos años, Fánder Falconí y Pabel Muñoz proyectaban mapas en sus oficinas en los cuales aparecían los mercados que, a sus ojos, reemplazarían a Estados Unidos. La vieja Europa del Este les lucía ideal: países con un ingreso per cápita prometedor y poblaciones en pleno desarrollo. Los tecnócratas del correísmo tenían respuestas para todo con tal de deshacerse de Estados Unidos y acabar con esa relación, en cualquier sector y de cualquier orden. La consigna era nada tener que ver con ese imperio. De esos pasivos naturalmente no se habla. El gobierno debería hacer esa pedagogía: mostrar a la ciudadanía los perjuicios y costos reales, los empleos que no se crearon, el tiempo que no se recupera; las oportunidades que no se repiten.

No se dice en el país que el nacionalismo bobo, hecho de consignas polvorientas y dogmas de catecismo produce más pobreza, desalienta la inversión, ahuyenta el capital. No se habla de ese lucro cesante que hace parte de la herencia de la década pérdida. El propio presidente, vicepresidente entonces, no se hizo cargo del freno puesto al país en un mundo en plena mutación, mientras hasta los vecinos sumaban ventajas.

El gobierno tendría que describir ante la opinión el largo proceso que tuvo que seguir para situar de nuevo el país donde estuvo hace lustros: sacar a Assange de la embajada de Londres, desvincularse del dictador de Caracas y apoyar a Juan Guaidó, hacer su trabajo frente al narcotráfico y al tránsito de precursores químicos, buscar un acuerdo comercial con el principal socio que tiene el país… En claro, volver a la realidad y al sentido común.

El gobierno no dirá al país que la dicha que lo embarga tras el viaje a Washington tuvo que labrarla paso a paso y que el presidente tardó en decidirse. Y es muy posible que el país no tome en cuenta el costo de consignas mamertas o los beneficios de guiarse por el sentido común.