Desde que se hicieron las excusas, nadie queda mal: ese dicho popular calza como guante a Rafael Lucero. El coordinador de la bancada de Pachakutik dijo que fue a México a dialogar con Rafael Correa. Que siempre ha dialogado. Que lo ha hecho con Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Y que siempre estará presto a dialogar. Lo dijo en dirección de sus copartidarios a los que, según dijo, no informó de ese viaje. Y como argumento de defensa ante la opinión, una vez que tuvo que admitir el encuentro con Correa.

Lucero, pescado en curva tras la revelación hecha por Correa en su cuenta de Twitter, recurrió a una coartada que, en principio, es inatacable. ¿Quién puede oponerse a dialogar? ¿Acaso no es la herramienta más loable en democracia para llegar a acuerdos? Además, ¿qué puede hacer un político si no dialoga?

Lucero ha aprendido a usar espejismos y trampas del lenguaje para no tener que buscar respuestas en arenas movedizas donde se mueve con la destreza de un saltimbanqui. Dice dialogar como si, pronunciado el verbo, automáticamente se tuviera que colegir que allí se acaba el escándalo suscitado por su cita con el expresidente prófugo. Su gesto político también es ético. Es lo que deja suponer. Ni siquiera se plantea el dilema. Lucero quisiera hacer creer que cuando dice diálogo no usa -como muchos políticos- un doble lenguaje. Y que nadie sospecha que el correísmo pone ese verbo al servicio de la mentira, de la confusión, del atentado institucional.

Así, empujado por las circunstancias, tuvo que admitir que el diálogo, que evocó como manpara para justificar su encuentro con el prófugo Correa, incluía una transacción con un nefasto objetivo: que Pachakutik preste sus votos para la creación de la “Comisión de la verdad” que obsesiona a Correa para que lo declaren inocente. ¿No sabía aquello Lucero antes de viajar? Por supuesto. Pero solo lo admitió cuando Correa delató la reunión. Solo entonces dijo que Correa pondría los votos para reemplazar a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea (y otros cargos si se ofrece), siempre y cuando sus beneficiarios apoyen la creación de esa comisión de la impunidad. Todo a cambio de que lo declaren puro.

El diálogo del cual habló Lucero es un negocio que -para sellarlo- necesita consideraciones y acciones que subvierten el Estado de derecho. La primera, y la más crucial, es estimar que Correa es víctima del sistema de Justicia y no autor de delitos. Perseguido político y no delincuente, como dijeron los jueces del más alto tribunal. Y que su caso debe ser revisado porque una comisión ad hoc -creada en el mayor escenario de la política- así lo estima. Los correístas dirán que no; que no saben lo que decidirá la comisión. Esa ficción es similar a la que inventaron para decir que no saben lo que dispondrá la comisión de cuatro correístas y un socialcristiano que evaluará la gestión de Llori…

Aquellos que son favorables a que esa comisión vea la luz (el nebotismo ha sido su ferviente defensor desde que Correa salió con esa idea) abren, en los hechos, la posibilidad de que la política meta la mano en la Justicia. Y otorgan un pasaporte de respetabilidad y credibilidad a la narrativa correísta que es imperturbable, a pesar de su cinismo: la década de autoritarismo, asaltos al erario, acuerdos entre privados y glosas desvanecidas no existió: es un vil espejismo creado por sus enemigos.

Lucero sabía todo aquello antes de ir a México. Pero fue. Y ahora revela el precio que tienen los votos del correísmo en la Asamblea. Lo hace porque Correa lo delató. Delación con delación se paga.