El amotinamiento en la cárcel de Latacunga y la reacción del presidente Lasso son motivos suficientes para devolver la película. En 2009, la revista Vanguardia publicó un amplio informe titulado “Ecuador perdió el norte”. En él se contaba, tras una amplia reportería en Esmeraldas, en la zona de San Lorenzo, la implantación de carteles que se disputaban corredores desde el sur hasta el norte. Y se contaba la impotencia del Estado, derivada del amedrentamiento o la corrupción de algunos jueces y fiscales y el reclutamiento de algunos policías y militares por parte de esos carteles de la droga. En ese informe colaboraron, facilitando contactos con las autoridades en la zona, Miguel Carvajal y Javier Ponce, entonces ministros de Seguridad Interna y de Defensa. Rafael Correa leyó el informe. Nada hizo.

En 2009 se sabía, entonces, de la actividad inusitada del narcotráfico. Y si Vanguardia realizó aquel informe es porque las señales de aquella presencia eran manifiestas. Una decena de años después, esta realidad se revela cruelmente al país, en particular, con centenares de muertos por sicariato y amotinamientos y ajusticiamientos en algunas cárceles.

Ecuador está hoy ante el fenómeno de una extrema violencia que conoció Colombia (y se mantiene allí con otras características) y vive hoy México. Un fenómeno que enfrenta el Estado con poderosas mafias que administran un poder monumental de destrucción, corrupción y desestabilización institucional ante el cual los Estados lucen impreparados. Es una guerra necesaria, implacable, costosa y cuyo resultado sigue siendo polémico: los Estados por supuesto no pueden tolerar que el poder y control lo tengan grupos criminales, pero no han podido liquidar una actividad tan lucrativa y tan versátil, capaz de escapar a los mejores sistemas de vigilancia en el mundo.

Colombia evitó que carteles tan poderosos como el de Medellín, de Pablo Escobar, y el de Cali, de los hermanos Orejuela, se apoderaran del Estado. Desaparecidos esos carteles, aparecieron otros con menos ínfulas de control político, menor beligerancia bélica contra el Estado pero, claro, mayor creatividad para mantener el negocio de la droga e incluso multiplicarlo.

La guerra de los carteles de México es bastante parecida, pero más dramática, a lo que vivió Colombia. Y eso se refleja y tiene repercusiones en Ecuador, donde esos carteles pugnan, con reguero de muertos, por imponer su control y asentar su poder.

Ecuador ha perdido, desde las señales que eran claras antes de 2010, mucho tiempo para preparar, como Estado y como sociedad, estrategias al fenómeno mafioso de la droga. El gobierno de Correa nunca lo consideró; más bien se dedicó, como si quisiera tender cortinas de humo, a perseguir el microtráfico. Ecuador, casi como deporte nacional, ha preferido negar que tenga problemas en ese campo aduciendo que solo es un país de paso; cuando es evidente que es una bodega del narcotráfico y que parte de la droga -de la peor calidad, al parecer- tiene consumidores locales.

No hay, que se sepa, aprendizaje alguno de lo que pasó y pasa en Colombia y México y las instituciones siguen reaccionando al problema. No existen mecanismos interinstitucionales que contribuyan a paliar la capacidad de corrupción y amedrentamiento de las mafias que el presidente Lasso denunció tras los eventos sangrientos, sobre todo en las cárceles de Guayaquil y Latacunga.

El país solo reaccionará hasta que no haga conciencia de dos cosas: ese problema está instalado y la sociedad política se lava las manos. Y pretende solucionarlo a punta de consignas y populismo penal.