¿La represión como respuesta?

Una respuesta concreta acaba de dar el presidente Lasso a la inseguridad: decretar que las Fuerzas Armadas repriman la amenaza terrorista. Aquí no hay rodeos, la orden es clara, reprimir.

El Decreto Ejecutivo #730 tomó como base la resolución del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), por la cual se declaró al terrorismo como amenaza que atenta contra el Estado y su seguridad integral. Esta declaratoria fue precedida de informes de inteligencia y todo lo ‘necesario’ para fundamentarlo. O eso creemos.

Lo decretado no se aparta de la línea trazada como política criminal por parte del Gobierno. El crimen organizado es una amenaza para el orden público y la seguridad interna del Estado y se requiere el refuerzo (complementariedad) a la Policía por parte de la Fuerzas Armadas. Así nos lo quisieron preguntar en la última consulta popular pero la Corte Constitucional no dio paso. Y la Asamblea Nacional por su parte no termina de aprobar las reformas a la Constitución. ¿Hasta tanto, qué? ¿Cómo se afronta el problema del desborde de las capacidades de la Policía frente al crimen organizado?

Al parecer la solución estuvo siempre frente a nuestras narices: identificar a los GDO (Grupo de Delincuencia Organizado) como terroristas. Ahora sí, ¿a correr que todo es pampa?

Por concepto, el terrorismo debe tener fundamentaciones políticas, ideología. Es decir, deben buscar el poder. Sin este elemento -en lo técnico- tal calificación no tendría asidero por execrables que sean los delitos que se cometan. Los GDO no buscan el poder, se sirven de él. Aprovechan los espacios de ausencia del Estado para echar raíces y multiplicarse. La corrupción y la impunidad son los fertilizantes naturales de los que se nutren.

Pero la realidad ecuatoriana obliga a rebasar las fronteras de lo teórico. Nos vemos abocados entonces a tolerar que la represión sea la respuesta inmediata a la delincuencia vestida de terrorismo. La mirada forzada hoy apunta a criterios de seguridad ante todo. Ya vivimos esa dualidad entre ciudadanos y enemigos.

Si aceptamos este enfoque, normativamente, deberá haber cambios que consoliden esta lucha. Pero sobre todo, que cuando los casos de represión lleguen a los juzgados, la aplicación de las leyes así lo advierta. No hay de otra.