¿Basureros?
No sorprenden las masacres dentro de las cárceles, ni las cabezas colgantes. Menos aún los ‘emprendimientos’ descubiertos recientemente
Las cárceles no son basureros humanos. Nunca lo fueron ni pueden serlo. Empero, el Estado las trata como tales. Se han convertido en lugares tumultuosos, de crimen y desesperanza. ¿Qué puede salir de ahí?
Nada bueno, ciertamente. Pero la obviedad de esta respuesta resulta incontrastable con todos los fines legales que debe cumplir el sistema de rehabilitación social. Entendamos: un condenado por delito no pasa a cumplir su pena (que no es lo mismo que un castigo) en una cárcel sin un propósito. No pasa de gozar de su libertad a un encierro por tiempo determinado y ya. Se trata de que durante el cumplimiento de su condena reciba un tratamiento que le permita desarrollar sus capacidades para cuando recupere su libertad.
Para ello, es el Estado quien debe garantizar las condiciones, medios y oportunidades. Y no solo eso, debe garantizar la protección de sus derechos.
Todo lo anterior supone que el Estado tenga el control de esos centros de privación de libertad, que los gobierne. Demostrado está que no lo tiene ni los gobierna. Y si no hay ni eso, ¿hay espacio para pensar que alguien ahí se rehabilite? ¿Para qué sirve entonces ese tiempo en cárcel?
Aquí la respuesta ya cambia. Ese tiempo sirve para incubar una transformación denigrante, para un atavismo que solo devuelve violencia.
Así, no sorprenden las masacres dentro de las cárceles, ni las cabezas colgantes. Menos aún los ‘emprendimientos’ descubiertos en recientes intervenciones militares, donde vimos hasta una novedosa piscina de tilapias y una granjita de gallinas. Todo esto en pabellones de concreto que el SNAI ni conoce.
El Estado debe devolver la mirada a los fines para los que este sistema fue creado. Represión y fuego no aplacan hambre y vicios. Los estados de excepción solo contienen la fiebre de un organismo infectado y sin tratamiento. Y estos son los focos de violencia que trascienden a las calles.
Aunque el problema del crimen organizado sea otro, no dejemos de creer que una parte de la solución es que el Estado se haga cargo de lo que le compete. Y si no puede el gobierno central, pues que lo asuman los municipios. ¿O es más fácil que todos se hagan los locos?
