‘Bad Banny’
Lo necesario ahora será entender si ‘Bad Banny’ actuó con o sin jurisdicción. Analizar los tiempos es la clave
Con estupor vemos otro caso en que ciertos jueces ponen por los suelos a la Función Judicial. Ahora, un juez de Portoviejo, Banny Molina, hizo un 3x1 para favorecer, mediante un ‘habeas corpus’, a dos personajes (Glas y Salcedo), cuya “suerte” en los juzgados parece siempre estar de la mano de asuntos polémicos y con tintes delictuales.
Resulta que el mismo 5 de agosto, el juez Molina tuvo un encuentro con las Cortes; pero no para hacer (in)justicia, como es su función habitual, sino para estar sentado en el banquillo de los acusados por el delito de prevaricato (fallar contra ley expresa). Fue entonces notificado -de modo oral y no por ello inválido- de una decisión (auto de llamamiento a juicio) que inmediatamente suspendió su jurisdicción. En sencillo: ‘Bad Banny’ desde ese momento ya no podía resolver caso alguno.
Lo necesario ahora será entender si ‘Bad Banny’ actuó con o sin jurisdicción. Analizar los tiempos es la clave. Los registros de las actuaciones judiciales (e-SATJE) permiten establecer la secuencia en las que este juez estuvo en las dos veredas: 1) cuando otorgó el “combo liberador” y 2) cuando su defensor estuvo en la audiencia en la que lo llamaron a juicio. Todo estuvo bien sincronizado. Solo no alcanzaron a firmar a tiempo las boletas de excarcelación. Eso los delató.
Esta carrera de postas, en la que la meta sería aprovechar la jurisdicción del juez, tiene un oscuro concierto de voluntades. Luce obvio el cálculo, el plan común para hacer que todo parezca legal y diáfano. Pero no lo es. Ese jueguito corrupto de buscar al juez, esperar el momento, ocultar y sorprender, amañar sorteos, jamás puede armonizar con los principios de una sana administración de justicia. El caso Manglaralto debió dejar lecciones aprendidas.
Estamos asqueados de estos tinglados. Y más aún, cuando pese a las reacciones, el escarnio público, la amenaza de la cárcel y la destitución, persisten jueces y abogados dedicados a burlar el sistema.
Que quede claro: este problema no está en las leyes ni en las garantías jurisdiccionales. Fijemos nuestra mirada en operadores como ‘Bad Banny’, que pervierten su aplicación desde la impunidad y sin miedo al castigo porque nunca les llega.
