Siglos atrás, el filósofo inglés John Locke hacía referencia al “estado de guerra” que se presenta cuando hay un “estado de enemistad y destrucción, que se dé por el uso ilegítimo de la fuerza”. Si bien Locke se refería más a cuándo una persona tiene derecho a usar la fuerza contra otra, la descripción, lamentablemente, es perfectamente aplicable a lo que sucede hoy entre el Estado y la delincuencia.

Es de necios pasarse culpando al pasado por la realidad que enfrentamos hoy, sobre todo cuando se elige un gobierno para gobernar, valga la redundancia, sobre lo venidero y no sobre lo que ya pasó. No obstante, como decía Steve Jobs, sí debemos unir los puntos para entender cómo llegamos donde estamos.

Vivimos en un país con una serie de factores que llevan a que las cárceles se llenen más y a un ritmo más acelerado. Por un lado, los fiscales dejaron hace mucho tiempo de considerar la prisión preventiva como una medida de última ratio y se ha vuelto un requisito cada vez que se formulan cargos contra alguien (sea por delito flagrante o no). Por otro lado, somos una sociedad que a estos mismos fiscales les reclamamos cuando cualquier acusado por cualquier delito recibe medidas sustitutivas de privación de libertad. Así, llegamos a los jueces, que por presión de los fiscales y de la sociedad misma se sienten con temor de negar la prisión preventiva y contribuyen así a la sobrepoblación y el colapso de nuestras cárceles.

Una vez que mencionamos una de las tantas causas del problema, y como lo decía en un principio, ya no estamos en una situación normal; tanto dentro como fuera de las cárceles la delincuencia ha hecho uso ilegítimo y criminal de la fuerza. La intención es clara: sembrar el terror para que las autoridades miren a otro lado cuando de sus andanzas se trata.

Las líneas no me alcanzan para mencionar todas las causas del problema pero espero que sí para dar un contexto de lo que nos trajo hasta aquí y sobre todo, lo que necesitamos en adelante.