¿Qué hacer?

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¿Qué hacer?

No importa el futuro inmediato del país si se cumple con los derechos escritos.

La crisis provocada por la pandemia es más grave que la misma enfermedad. Lo que se muestra en estas semanas es un país fracturado, ciego y sordo en su gran mayoría a la debacle económica que atravesamos y para la cual sus voceros no ofrecen salidas sino simplemente el reclamo de derechos y de garantías como si nada pasase.

¡Que se consigan fondos del exterior pero que no se pague a quienes nos prestan! ¡Que se baje el desempleo pero que no se toque la obsoleta legislación laboral! ¡Que los ciudadanos, empresas e instituciones del sector privado bajen precios y se conviertan en agencias de crédito! ¡Más impuestos para poder pagar sueldos!

No importa el futuro inmediato del país si se cumple con los derechos escritos.

De nuevo, “la república de papel”, como nos bautizó un analista político. La realidad, por un lado, la letra por otro. El vicio colonial: primero el alegato de los derechos; no importa que hayamos sido siempre pobres y nos hayamos mareado creyéndonos ricos.

Al revés, en la vida personal y de las empresas que no son públicas, la realidad prima sobre la letra. Por eso su eficiencia, su innovación y su capacidad de adaptarse a los nuevos escenarios que como este que vivimos, no estaban planificados. Por eso están afrontando, con pesar, la disminución de personal para poder sobrevivir.

¿Qué hacer en esta encrucijada? Ciertamente, lo prioritario en estos momentos es el control de la pandemia. No un segundo brote, más mortal que el primero. Para ello, la multiplicación de los exámenes de detección. Pero esto es una respuesta al problema; no lamentablemente su resolución.

¿Cómo hacer que el país se adapte a esta situación completamente inédita? No es posible seguir manteniendo un estado incapaz de reducirse y que carga todo el peso a las personas y empresas privadas, mientras a la vez las asfixia con impuestos y trámites interminables.

Esta pandemia nos obliga a pensar en formas nuevas de organización social eficiente, donde los territorios puedan administrar sus propias rentas y tener para ello las debidas competencias.