Francisco Rosales Ramos | Godoy
Sin jueces probos y confiables las inversiones huyen, el crecimiento económico se detiene, el desempleo aumenta
¿Puede continuar Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura? Más allá de que sea o no censurado y destituido en el juicio político que adelanta la Asamblea, la respuesta clara y directa es no. Carece de idoneidad. Sus vínculos actuales y pasados con personajes involucrados en el tráfico de drogas lo descalifican por completo. Y si a ello se suma su aprovechamiento de la presidencia del Consejo de la Judicatura, CJ, para influir directa o indirectamente en las decisiones de los jueces, su falta de idoneidad es abrumadora. Incluso el solo hecho de que su esposa sea parte de un estudio jurídico debería impedir que ejerza la presidencia del órgano de control de los jueces. Aun con un proceder nítido del presidente del CJ y su cónyuge -que no es el caso- se requeriría demasiada ingenuidad para no ver la influencia sobre los jueces.
Las calidades morales y profesionales para un cargo de la importancia y con los poderes de la presidencia del CJ son fundamentales, pero especialmente en la situación calamitosa de seguridad que vive el país por la penetración del narcotráfico y otras actividades ilegales en la administración de justicia. Godoy ha perdido -si alguna vez la tuvo- la confianza del propio presidente de la República -quien le insinuó su renuncia-, del presidente de la Corte Nacional, de buena parte de los colegios de abogados, y de la academia. En suma, de la ciudadanía, por lo que su retiro es mandatorio.
Los apetitos por controlar el Consejo de la Judicatura han sido repetitivos. Desde 2022 a esta fecha se han sucedido cinco personas en su presidencia: Maldonado, Murillo, Román, Terán y Godoy, lo cual es prueba del interés por influenciar en sus decisiones, y también de la inestabilidad en un órgano fundamental para corregir la descomposición de la administración de justicia. Sin jueces probos y confiables las inversiones huyen, el crecimiento económico se detiene, el desempleo aumenta, la sociedad se disuelve. Es imperativo un cambio inmediato de jueces y tribunales para que el ciudadano y sus instituciones confíen en ellos.
