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Joaquín Hernández | Sicarios adolescentes

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Lo peor que podría sucederle a Colombia sería no celebrar elecciones en 2026 por la convulsión política

“La justicia debe ser ciega, pero no estúpida. Debe actuar con firmeza y con la urgencia que nuestro país demanda. Basta de permitir que niños sean herramientas de mafias que, desde la comodidad de la impunidad, ven cómo sus sicarios adolescentes destrozan vidas y sueños”. ¿A qué país se refieren estas líneas? Lamentablemente pueden ser leídas como propias en muchos países de Sudamérica . En los que no, al paso que van las cosas, es probable que muy pronto las sentirán propias.

El texto citado pertenece al artículo El país donde los niños matan y la justicia duerme, de Andrés Guzmán Caballero, publicado en revista Semana de Colombia al día siguiente del intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá a manos de un sicario de 14 años. El tono apasionado del artículo se explica por la conmoción provocada por el hecho, la indignación del ciudadano común por el clima de impunidad del que gozan asaltantes, extorsionadores, matones y asesinos. Pareciera que vivimos en dos mundos perfectamente paralelos: el de la violencia y la crueldad desatada por las bandas delictivas; y el angelical que exige procedimientos, respeto, procesos como si se viviese en un mundo de leyes perfectas y ciudadanos ejemplares. Por una parte, la brutalidad instantánea de lo fáctico que arroja un cadáver destrozado; por otra, la aséptica e interminable lentitud de investigaciones, procedimientos y acciones que no llegan a encontrar un culpable.

La utilización de adolescentes como sicarios responde a su precaria situación social. Pero no ello no implica la laxa tolerancia ante los crímenes que comenten. Los líderes de narcotraficantes no los escogen con base en criterios sociológicos ni humanitarios. Como lo señala Guzmán Caballero, son victimarios conscientes y despiadados. “Basta de excusas y discursos sobre derechos cuando ignoramos los deberes”.

El atentado contra Uribe sucede en un clima de creciente confrontación política azuzada por el discurso y acciones del presidente Petro. Lo peor que podría sucederle a Colombia, una de las democracias más institucionalizadas de la región, sería no celebrar elecciones en 2026 por la convulsión política. El intento de asesinato de Uribe contribuye eficazmente a ello a y los recuerdos de décadas pasadas, donde el narcoterrorismo impuso su ley con el asesinato de candidatos presidenciales, periodistas, y ciudadanos comunes, como los del Club del Nogal y del avión de Avianca que estalló en pleno vuelo. Por cierto, Ecuador ha sido caja de resonancia de los conflictos colombianos.