Jeannine Cruz | Cuando el blindaje se rompe

Estábamos acostumbrados a ver el blindaje de los juicios políticos. A observar cómo las mayorías se acomodaban, cómo los votos se alineaban para proteger, cómo las responsabilidades se diluían entre acuerdos y conveniencias. Por eso hubo incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar en la Asamblea Nacional frente al juicio político contra Mario Godoy. La pregunta era inevitable: ¿prevalecería la protección política o el mandato constitucional?

El resultado fue contundente. Con 148 votos afirmativos y una abstención, la Asamblea censuró y destituyó al presidente del Consejo de la Judicatura. Más allá del nombre propio, el hecho tiene una dimensión institucional profunda.

El Consejo de la Judicatura no dicta sentencias, pero administra la Función Judicial. Evalúa jueces, ejerce control disciplinario, organiza la estructura del sistema. Es un centro de poder real dentro del Estado. Cuando su conducción genera cuestionamientos graves, el país no puede darse el lujo de la indiferencia. La justicia no es un espacio simbólico, es el pilar que sostiene la seguridad jurídica y la estabilidad democrática.

La Asamblea Nacional tenía una responsabilidad clara: cumplir con la Constitución y ejercer el control político cuando corresponde. Y lo hizo. No se trataba de confrontar a otra función del Estado, sino de activar el equilibrio de poderes que define a una república.

El presidente del Legislativo, Niels Olsen, afirmó que no gana una fuerza política, sino el respeto a las reglas. Esa frase sintetiza el fondo del momento. En democracia, las reglas no existen para adornar discursos, existen para aplicarse, incluso cuando el resultado incomoda.

La destitución no resuelve por sí sola la crisis estructural del sistema de justicia. Pero envía una señal necesaria: ningún cargo es blindaje permanente y ninguna autoridad está exenta de rendición de cuentas.

Cuando el blindaje se rompe y prevalece la norma, no gana una bancada. Gana la institucionalidad.