Apenas el 18 % de comerciantes de Quito es formal, decía un titular de Primicias esta semana. ¿Y la culpa de quién es?

La informalidad, como la han analizado innumerables expertos, quizá con de Soto como exponente más relevante, no es un fenómeno propio de Quito, ni de Guayaquil, Cuenca o Manta, como para efectos prácticos ni siquiera de los países menos prósperos. Informalidad hay y bastante en los polos más dinámicos del mundo. En áreas rurales y periferias inversamente, apenas hay formalidad.

La formalidad tiene un costo de entrada, cuando debería ser incentivada por las autoridades, que es a las que realmente interesa. Dos ejemplos me vienen en mente, pero cada lector conocerá infinitos casos.

Para iniciar un emprendimiento hace falta en Quito obtener una Licencia Única de Actividades Económicas (infaltable acrónimo: LUAE), para bostezar y optar por la informalidad; para una inversión inicial, pequeña, ni el tiempo ni el costo de tasas (se paga patente, porque la licencia es ‘gratuita’). Se incentiva la informalidad.

El Ministerio de Ambiente exige a los generadores de aceites y neumáticos usados, llámense lubricadoras y vulcanizadoras, por su lado, obtener un registro de generador que cuesta $ 150 más la gestión del trámite.

¿Quién pagaría aquello por voluntad propia? ¿Qué servicio contrapresta ese valor?

Impresiona que la solución ya existe. La Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos introdujo en la legislación ecuatoriana la figura de declaración responsable, con la que basta para empezar a ejercer una actividad con que el ciudadano declare cumplir la norma: se lo revisa después.

La ley exige que por cada trámite que se cree se eliminen dos. Manda que todas las instituciones publiquen un inventario de trámites. Encarecer los trámites y encarecer la formalidad depende hoy en día esencialmente del Gobierno, pues quien tiene a su cargo hacer cumplir la ley es el Ministerio de Telecomunicaciones. Su ámbito de autoridad en tramitología y digitalización de procesos atañe municipios, prefecturas, entes judiciales y de control, hasta banca pública.