En la Asamblea han querido nombrar un difunto para salirse con la suya en la telenovela del telenovelesco CPSCC. La Consulta Popular propone nuevos cambios del laboratorio abogadil a la función Judicial.

A la política se la suele definir como la forma en que las sociedades organizan el poder y su legitimidad. A mí también me gustan las definiciones que, bajo aquella, incluyen conceptos sobre como las sociedades resuelven sus conflictos. Hay una parte irreductible de negociación de prioridades y resolución de conflictos -violentos o no- dentro de la política. Por eso a lo largo de los años se ha gestado esa relación incestuosa entre política y derecho, así como entre políticos y abogados. Desde las nociones romanas de derecho y las figuras profesionales que desde aquella época derivan, han sido tradicionalmente los abogados los que ostentan un cuasi monopolio de la política. Y lo hacen por dos vías: sofisticando (sí, es un guiño al origen etimológico de la palabra) las leyes y reproduciéndolas adueñándose de su -alambicada- elaboración, -críptica- lectura e interpretación, por un lado, pero también al crear foros judiciales de resolución de conflictos. ¿O acaso alguien que lo piensa un poco se traga la rueda de molino: es la única y mejor forma de resolver conflictos sociales con abogados ante un engominado y enternado (antes entogado y empelucado) juez, también abogado? Hasta la “resolución alternativa de conflictos” ha sido incrementalmente cooptada por abogados.

Lo que nos hace preguntarnos hasta qué punto aquellos abogados buenos y serios que sienten pena por nuestros sistemas políticos y judiciales no harían mejor en “pensar fuera de la caja”.

Yo soy de la idea de que faltan ingenieros en política. Los ingenieros son, por definición, aquellos profesionales en usar el ingenio y la técnica científica para resolver problemas. Y es en la referencia a ciencia donde patinan los abogados: ¿o las reformas constitucionales se sustentan en alguna verificación científica? En los últimos años han nacido incluso las ‘ingenierías sociales’ con Sandy Pentland de MIT a la cabeza. Son ellos y los futuros ingenieros políticos los que deberían hablarnos de cómo organizar el poder y resolver los conflictos, no los abogados.