En enero de 1969, el presidente José María Velasco Ibarra ratifica y encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores el “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio exterior, incluida la Luna y otros cuerpos celestes”, 6 meses antes que el hombre llegue a la Luna. Hoy son 111 países donde es legalmente obligatorio. Desde 1972 no ha habido ninguna exploración y se prevé que para el 2024 se retomen los viajes espaciales; por lo que ahora se alista un set de principios generales bajo el nombre “Acuerdos de Artemisa”, promovidos para la firma de las agencias espaciales del mundo y que no es legalmente obligatorio, como el tratado en mención.

Ambos cuerpos normativos establecen el compromiso de los signatarios de compartir la data científica, ponerla a disposición del público y de la comunidad internacional de científicos.

En otro acuerdo internacional sobre actividades en la Luna, de 1984, se habla sobre el desarrollo sostenible y mejores condiciones de vida, progreso y desarrollo económico y social, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Nuestra Constitución, por el otro lado, en su artículo 4, que define el territorio del Ecuador, establece que tenemos derechos sobre el segmento que nos corresponde de la órbita sincrónica geoestacionaria, lo cual nos habilita también para tener satélites. Y el extinto Instituto Espacial Ecuatoriano tenía claro que uno de los usos de esa información debía ser el de conocer, conservar y actuar sobre los recursos naturales del Ecuador, entregando en el 2017 geoinformación espacial del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) al Ministerio de Ambiente.

En el 2016 satélites monitorearon una actividad inusual en los bosques Tereneyskoe en Rusia, con lo cual se pudo incluso controlar la acción ilegal y utilizar esa data como prueba en el proceso judicial.

Nuestro presidente, en su compromiso ambiental dejó claro que necesita control satelital forestal y cumplir con la protección de los derechos de la naturaleza.

A medida que proliferan los satélites privados y avanza la revolución de la ‘Big data’, necesitamos debatir los roles públicos y privados en el espacio. En las próximas décadas, las nuevas tecnologías y modelos de negocio ampliarán radicalmente los datos disponibles de los satélites y los usos que se les puede dar.

Nuestro desafío es garantizar que las observaciones sobre nuestro planeta beneficien a todos los que viven en él. Los datos son un bien público y Ecuador los necesita para tener “inteligencia ambiental y social” en combinación con sensores en el terreno en donde existan implicaciones que trasciendan las fronteras nacionales y los medios de vida estén en juego.

Si la NASA, agencia espacial de EE. UU. siempre ha estado comprometida con el intercambio completo y abierto de datos científicos, ¿qué estamos esperando?

Ciudades Sostenibles, Agricultura, Biodiversidad, Prevención de Contaminación y Riesgos, Estado de Cuerpos de Agua y Cambio Climático evidencian ya nuestro interés, la necesidad de ser parte de las nuevas discusiones, y promover un mejor control, transparencia y uso del espacio.