¿Cómo se protege a las víctimas de violación y del aborto, que serán asesinadas por su madre al encajar en un delito no punible?.

Hagamos un recorrido por esta tragedia que se da en un entorno de inseguridad e impunidad.

Ayuda hacer un mapeo de quienes provocaron esa agresión e inseguridad: el violador; padres de familia que facilitan a sus hijos por dinero (el caso más reciente fue en Puerto Quito); el padre o la madre que callan u otros familiares; educadores que conocen los casos; fiscales; Policía Nacional; juntas cantonales de protección de derechos; programas de prevención de maltrato a la mujer financiados por el Estado.

En el caso del asesinato tenemos también: el violador; las organizaciones delictivas que lucran de las partes del ser humano asesinado; las nacionales que lucran del financiamiento externo para promover el aborto y ser usadas sus partes; los padres que no protegieron a sus hijas menores; los padres que rechazan un embarazo, discriminando a un ser humano indefenso; otros.

Cada persona que conoce y no actúa se vuelve cómplice de los dos delitos, violación y asesinato. No crea el fiscal que por archivar la causa de la mujer que con valentía acude a desnudar su desgracia, no es parte; es cómplice del violador.

Ninguno de los mapeados está considerado en el proyecto de ley a discutirse el martes 25 de enero y su impunidad se afirma al no pedir mecanismos de prueba de la violación.

En la sentencia de la Corte Constitucional que permite asesinar a un inocente, en su página 23, establece que se debe garantizar la dignidad del ser humano, y aclara en párrafo 115, que el bien jurídico protegido es la protección de la vida del ‘nasciturus’ (o bebé) como un valor constitucional en los términos del art. 45 de la Constitución. Así que concluyamos que ante todo es un ser humano y que estamos en un cruento circo romano.

Los jueces constitucionales dicen que hay que sancionar al responsable y reparar y garantizar sus derechos, párrafo 127…. Se olvidan de que un niño asesinado en el vientre no recibirá ninguna reparación.

Lo más interesante de la sentencia, sin embargo, no se pone de manifiesto en el proyecto de ley de mayoría ni de minoría: evitar la clandestinidad que pone en grave riesgo la vida de la mujer violada, página 37, párrafo 154. Y diseñar políticas públicas y medidas legislativas de tipo prestacional que, en determinadas circunstancias, podrían proteger de mejor forma al ‘nasciturus’, páginas 35, 36 y 38. Es decir que la Corte dice que se den prestaciones, que son un conjunto de medidas que pone en funcionamiento la seguridad social para prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos.

Se puede salvar al bebé absorbiendo como Estado los gastos o pérdida de ingresos de la madre gestante, haciendo una reforma a la Seguridad Social…

¿Qué será que les pasa a los asambleístas? ¿No saben leer? ¿Pereza mental? ¿Son incapaces? Agréguele que parecen mercaderes de la inocencia: 9 meses, 7 meses, no mejor 5 meses.

Hay un solo lado en esta historia que se debe tomar, el de la firmeza de que la vida se respeta desde la concepción; proteger y reparar a la mujer violada; y que no es opción que una madre asesine a su hijo indefenso.