Como antecedente tengo que mencionar que de acuerdo a lo que se manifestara públicamente hace algunos días, de la autoría de un distinguido miembro de las FF. AA. en servicio pasivo, lo que consigno en el encabezado de este artículo no es nuevo, ya que en el Acuerdo Ministerial 272, firmado por la entonces ministra de Defensa, Sra. Espinosa de Mangas, el 11 de septiembre del 2014, en el Manual de Derecho para las operaciones militares, dice que el Estado debe desplegar sus actividades con la firmeza y la contundencia adecuadas para someter a quienes subvierten el orden constitucional y desafíen el principio democrático. Entre otras consideraciones menores dice que agotados todos los medios pacíficos posibles, el uso de la fuerza es obligatorio. Esto era en el desgobierno del prófugo. Nadie, ni DD. HH. ni Defensoría del Pueblo, dijo nada. Era la época del silencio sepulcral.

Ahora, meses después de las protestas delincuenciales de octubre pasado en la capital de la República, principalmente, el ministro de Defensa con el acuerdo Ministerial 179 establece el Reglamento del uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las FF. AA.

Esta vez sí salieron las plañideras a protestar.

Claro, abusan por la clase de gobierno que tenemos. Creen que el irrespeto a la majestad del cargo de presidente de la República la pueden manifestar en cualquier parte, ya sean invitados a reuniones o cuando se autodenominan magistrados plumíferos. No les importa el ridículo internacional. Saben que en el Ecuador casi todo se olvida.

Nos acercamos a una nueva etapa política y precisamente el momento es propicio para no recordar nada. Quizás voten por los miserables que no cejan en su afán de desaparecer todo lo que significa honradez, moral, decencia, obedeciendo consignas de foros enfermizos.

Ojalá a nadie se le ocurra realizar actos vandálicos en lo que resta de la continuación robolucionaria, ya que en el Ministerio antes mencionado, hay un militar (sp) honesto y decidido a hacer respetar el orden, por mandato constitucional.