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EL Decreto Ley No. 742 y su urgencia económica

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La actividad económica se estaría desacelerando en Ecuador. Es por eso que el Decreto-Ley 742 justifica ser de urgencia económica

El presidente Lasso, luego de haber invocado la muerte cruzada, y con la potestad constitucional que lo acredita a “expedir decretos-leyes de urgencia económica” hasta su reemplazo, ha procedido a enviar a la Corte Constitucional (CC) el Decreto-Ley No. 742, en el cual establece reformas sustanciales a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar.

Por ser un requisito ‘sine qua non’ el motivar la urgencia económica para que la Corte Constitucional dé paso inmediato a este y todos los decretos-leyes que expida, se establece en este caso la urgencia de que las reformas y enmiendas tributarias estén destinadas a reducir cualquier posible pérdida de eficiencia, la carga excesiva y la consecuente pérdida de bienestar social.

La recaudación tributaria bruta total en el período enero-abril de 2023 llegó a los USD 6.916 millones, cifra superior a los USD 6.656 millones del mismo período del año 2022. Esto se traduce en haber cumplido el 96,2 % de la meta establecida (USD 7.183 millones).

Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), recogidos por la Cámara de Comercio de Guayaquil, el 2023 inició con un saldo favorable en ventas locales y exportaciones respecto a 2022 y 2021.

Las ventas totales privadas crecieron un 4,7 %, en el primer trimestre de 2023. Hasta marzo de 2023, el monto de ventas alcanzó USD 50.967 millones, 5 % más que el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, si se compara el primer trimestre de 2022, con respecto al mismo periodo de 2021, el crecimiento de las ventas era de más del 17 %. Esto quiere decir que la actividad económica se estaría desacelerando en Ecuador. Es por eso, que el Decreto-Ley 742 justifica ser de urgencia económica, ya que apunta a dar más liquidez a los ecuatorianos, aumentando las deducciones por gastos personales, lo que representaría no cobrar USD 195 millones de impuesto a la renta a 340.000 familias.

Esta medida daría oxígeno a las familias y reduciría la demanda de créditos de consumo y tarjetas, lo que se traduciría en menos presión en las tasas de interés activas para estos segmentos y en una mora controlada.