Hoy día estamos convocados 13 millones y medio de ciudadanos a votar para elegir a 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes y concejales respectivos; y 4.109 vocales de las juntas parroquiales rurales; a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social-CPCCS; y a responder a la consulta plebiscitaria propuesta por el presidente. Por ello exhortamos a nuestros conciudadanos, del Carchi al Macará, y desde Galápagos a la Amazonía, a elegir con entereza y sapiencia a sus futuras autoridades seccionales, más allá del’ show’ electoral como de los baratillos de ofertas. La situación actual del país es muy preocupante, por los graves efectos económicos y sociales negativos de la pospandemia y por la creciente espiral de violencia y delincuencia provocadas por el narcotráfico y el crimen organizado, que generan miedo e incertidumbre en la población. Y por el errático e incomprensible comportamiento del gobierno nacional, que no gestiona el Estado para todos, sin exclusión; ni tampoco resuelve los urgentes problemas que aquejan a los ecuatorianos, como los crímenes agravados; en el caso de la Zona 8 en lo que va del año ya registra 155 muertes violentas. El banquero presidente del Opus Dei ofreció hacer público los nombres de una lista de 28 candidatos sospechosos de vínculos con el narcotráfico, pero hasta la fecha no lo ha hecho. Ha reducido a su mínima expresión a la inversión pública social, pero sí hay para pagar los bonos de la deuda soberana ($ 8.500 millones), o está condonando alrededor de $ 1.900 millones a los grandes grupos económicos, obviamente siguiendo las instrucciones del FMI.

No crea en los candidatos que ofrezcan maravillas o el paraíso terrenal, autoridades que den regalos, que usen y abusen de las redes sociales o que se “tuneen” para aparecer en TikTok, etc.

Estimado lector-ciudadano, elija a aquellos que coincidan con sus prioridades existenciales, principalmente con la reactivación económica real y la creación de empleos decentes, salud y educación de calidad para usted y su familia, y seguridad ciudadana efectiva en su territorio.