En cuatro décadas en Perú siete presidentes de la República han sido condenados por diversos delitos vinculados, principalmente, a una corrupción sistemática: Fujimori está aún detenido, Alan García se suicidó, Pedro Pablo Kuczynski -PPK- en arresto domiciliario, Ollanta Humala ya cumplió su sentencia, Alejandro Toledo está en proceso de extradición desde EE.UU. y Pedro Castillo actualmente encarcelado y en investigación previa por tentativa de golpe de Estado, mientras Martín Vizcarra ha apelado su sentencia y se encuentra en libertad. Entre 2016 y 2022 por el palacio de Pizarro han pasado siete presidentes, desde PPK a la actual mandataria Dina Boluarte. Esto ha generado la vulneración en la legitimidad de las instituciones y una constante inestabilidad política. Lo peculiar del caso peruano es que se da esta caotización política en un contexto de crecimiento económico, pero sin desarrollo. En este escenario de crisis e inestabilidad políticas, los conflictos y problemas se producen en cascada y de forma integral por las características y dinámicas del Estado y la superestructura de la política, afectando desde la Constitución hasta la situación de los partidos y movimientos políticos, causando enfrentamientos entre las funciones ejecutiva y Legislativa, Cortes vs. Fiscalía, a nivel territorial por las particularidades de la capital nacional -Lima- con las capitales departamentales. En este escenario complejo se expresan estos enfrentamientos como los actuales y son impulsados por la ruralidad e indigenado de los departamentos del sur frente al centralismo y control impuesto por las élites políticas limeñas. En esta coyuntura se están produciendo algunos elementos novedosos a raíz de la destitución y detención del presidente Castillo, que después de 18 meses de gobierno mediocre y de una oposición permanente encabezada por Keiko Fujumori, de un Congreso que registra 10 % de reconocimiento, intentó clausularlo pero sin negociar previamente con bloques parlamentarios y las FF.AA.; pero se han producido movilizaciones sociales que registran más de 70 muertos por demandar libertad para Castillo, renuncia de Boluarte y miembros del Congreso; y convocatoria a elecciones.