Hemos prestado el título de esta columna al informe presentado por Ernesto Sábato cuando presidió la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar argentina. Han tenido que ser asesinados 327 detenidos en las prisiones del país en lo que va del año, para que haya una respuesta institucional del presidente Lasso. Este acumulado anual ocupa el primer lugar en América Latina de muertes violentas de reos. Celebramos que el presidente haya comprendido que los problemas del sistema penitenciario nacional no son del gobierno, cualquiera que este fuere, sino del Estado, que es el que ha fracasado históricamente en este complejo tema. Y que el asunto carcelario debe ser enfrentado de forma integral para lograr un mejoramiento conductual de los detenidos y darse la reinserción social. Olvidó comenzar por el principio, lo primero es lo primero; se debe recrear una institucionalidad, especializada y múltiple, que sea viable política, social, económica, técnica y comunicacionalmente; estamos pensando en un Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos -triada básica e imprescindible-, para que nunca más se produzcan las bárbaras masacres ocasionadas por conflictos entre bandas criminales y se respeten los derechos de los detenidos. Primero el país, al final el FMI. Paralelamente, se debe formular una política pública-P.P. que debe ser conocida y discutida colectivamente - y no solo por el gabinete, los arcaicos ex-DP y los libertarios-, sino con todos los sectores sociales implicados, como los familiares de los detenidos y los presos. Esta P.P. debe articularse a partir de la trilogía: trabajo remunerado, educación y cultura, y el acceso a una ocupación u oficio para los presidiarios; y en la prevención social integral para niños, adolescentes y jóvenes. Desde estas directrices se deberá formular el plan nacional de rehabilitación y reinserción social. Concomitantemente, las funciones del Estado deberán reunirse para decidir varias cuestiones como: cambios en el COIP, en las funciones de la fuerza pública, participación en seguridad de los GAD, veedores para el accionar de jueces y fiscales, entre otras.