Históricamente, desde que comenzaron a crearse o refundarse universidades en Ecuador, de mediados del siglo XIX hasta fines del XX, para: sancionar la indisciplina colectiva de los estudiantes, generalmente, motivada por causas de orden político, o las demandas de autonomía después de la reforma universitaria de Córdoba de 1918, movimiento paradigmático que perseguía impulsar un programa en un conjunto de postulados “donde se destacan la autonomía universitaria, elección de directivos, provisión de cargos docentes por oposición, libertad de cátedra, gratuidad de la enseñanza, reorganización académica, asistencia social estudiantil, vinculación con el sistema educativo nacional y fortalecimiento de la función social de la U a través de la extensión y la unidad latinoamericana”. Postulados que siguen siendo actuales para la U. de la región hoy. Las crecientes clases medias y la intelectualidad que se había conformado impulsaron este proceso frente al Estado oligárquico, las élites dominantes conservadoras y clero, que asumieron el mecanismo ilegal de la “clausura” de la ‘alma mater’. En Ecuador, en 1938, gracias a cambios en el Estado provocados por la transformación del 9 de julio de 1925 que institucionalizó la cuestión social, se promulgó la Ley de Educación Superior que otorgó a la U. total autonomía y permitió su independencia académica y administrativa del Estado, al ser considerada un medio para lograr el desarrollo y fortalecer al Estado nacional. Tras una década con graves conflictos políticos, económicos y sociales, 1996-2006, que se caracterizó por la destitución inconstitucional de tres presidentes por el Congreso, feriado bancario, dolarización, crisis de partidos políticos, entre otros, se dio el ascenso al poder de “un outsider”, Rafael Correa, que triunfó con su propuesta de “revolución ciudadana”, que comprendía entre otros objetivos, convocar a una Asamblea Constituyente para formular una Constitución, la de 2008, para “refundar un nuevo país”; constitucionalizando el tema de la U en 8 artículos, para posteriormente formular la Ley Orgánica de Educación Superior-LOES, donde consta la figura de “intervención universitaria”.