Columnas

COVID-19 y corrupción

"La corrupción afecta a la democracia y al desarrollo humanos, pero en emergencia, a los derechos humanos"

Parece que el coronavirus ha contagiado exponencialmente a nuestra población con el COVID-19 y ha provocado, paralelamente, un tsunami de corrupción con la emergencia sanitaria decretada por el Estado para enfrentarla, particularmente con las compras públicas de medicamentos e insumos de bioseguridad e inversiones en infraestructuras de salud, que tiene sorprendido y alarmado al Ecuador profundo. En un escenario de tragedia, sufrimiento y muerte es repudiable que un puñado de delincuentes de “cuello blanco”, conformado por funcionarios estatales, testaferros de dirigentes políticos, profesionales de la salud y empresarios privados, medre de los escuálidos fondos destinados para la urgencia epidémica.

Gracias a iniciativas de control de la sociedad civil y denuncias de los medios de comunicación se están destapando, cada vez más, actos de corrupción no solo en unidades del sistema hospitalario sino también en los GAD y otros entes estatales vinculados con empresas privadas- personas naturales y/o jurídicas, que aprovechándose del Estado de excepción hacen su “agosto” en un momento tan crítico para la condición humana. Además, la corrupción estatal-privada en un contexto de emergencia nacional debe ser doblemente perseguida y sancionada con todo el rigor de la ley por: 1.- impide que todos los ciudadanos, sin exclusión, se beneficien plenamente de bienes y servicios como debe ser; sino recordemos a personas muertas en domicilios y en calles en Guayaquil y Quito. Y, 2.- significa menor calidad y cantidad de servicios públicos para las pobres e informales, como el desborde de los sistemas sanitarios y funerarios en Guayaquil y ahora en Quito o Los Ríos.

Rechazamos el proyecto de ley de Moreno porque está hecho a imagen y semejanza de un mediocre y desprestigiado gobierno. La pena debe estar en relación al delito de peculado y su circunstancia especial (gran conmoción social y humanitaria) y no con base en cantidades de perjuicio al Estado. 

La corrupción afecta a la democracia y al desarrollo humanos, pero en emergencia, a los derechos humanos.