Corrupción judicial y descontrol estatal

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Corrupción judicial y descontrol estatal

Existen muchas coincidencias de corrupción e impunidad como de desinstitucionalización en los gobiernos conservadores y neoliberales de Mahuad y Lasso.

Cíclicamente como Estado y sociedad involucionamos; para los desmemoriados, pensamos que hemos retrocedido a 1999, durante el gobierno del prófugo Mahuad, delfín de Osvaldo Hurtado, asesor del actual régimen, cuando los banqueros asaltaron y quebraron los bancos que gerenciaban y se produjo el congelamiento de haberes y la dolarización, provocando un período de profunda crisis política y social, de violencia e inseguridad. Recordemos que en este período tuvo protagonismo el presidente actual como “súper ministro”. Existen muchas coincidencias de corrupción e impunidad como de desinstitucionalización en los gobiernos conservadores y neoliberales de Mahuad y Lasso. Recuperemos la memoria histórica colectiva, democrática y crítica Pero hay hechos que sobresalen en ambas coyunturas, como la corrupción judicial y el abrumador descontrol estatal; por espacio nos referiremos al momento actual. La crisis económica se inició en 2015 y se profundizó por el liberalismo social aplicado por la RC y, posteriormente, se agudizó por el desgobierno de Moreno y las restricciones de la pandemia. Se agregan las ‘vendettas’ políticas exigidas por élites desplazadas del poder que buscaban sanciones para Correa y sus áulicos; y la guerra contra las drogas exigida por el gobierno americano y nuestro rol en la narcoeconomía regional con la post-paz colombiana.

Desde inicios de la República se dio la politización de la justicia por el protagonismo de las funciones Ejecutiva y Legislativa frente a una débil y dependiente función Judicial. Con la modernización del Estado, la administración de justicia se ha quedado relativamente rezagada en la mayoría de sus componentes operativos e institucionales.

En el conflictivo escenario actual, desde 2018 se han ido impulsando estrategias para burlar la justicia por parte de políticos y criminales sentenciados. Según Primicias, desde 2019, 6 líderes de bandas criminales han sido liberados sin concluir sus penas; los casos Glas y JR no son los primeros, y solo han provocado reacciones tardías en las funciones del Estado y aparatos de control social, acrecentando más el desprestigio de la democracia y la política.