Columnas

Ciudades, pandemia y crisis institucional

Según cifras oficiales, en 5 provincias ya existe una propagación comunitaria: Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí y Azuay.

Hasta ahora son los centros urbanos los que aglutinan los mayores niveles de infectados, reales, comprobados, leves y/o asintomáticos, del coronavirus. Las pocas confiables bioestadísticas oficiales lo confirman, incluso con los cambios introducidos al respecto por el COE Nacional, permiten dimensionar la gravedad de la catástrofe pero no ayudan a precisar confiablemente su extensión y proyección. 

Según cifras oficiales, en 5 provincias ya existe una propagación comunitaria: Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí y Azuay, que se concentra predominantemente en ciudades. Al 9 de abril, de acuerdo a diario El Universo, 41 centros de la red urbana nacional tienen registradas más de 10 personas confirmadas, destacándose el caso de Guayas, con un total de 12 cabeceras cantonales, que incluyen a las que conforman el Área Metropolitana de Guayaquil-AMG, que tienen las mayores cifras de población infectada y que han hecho colapsar los sistemas sanitario y funerario, y provocado una agudización de la desinstitucionalización del Estado, existente desde 2015 hasta la actualidad.

Del total nacional de confirmados, el 68,47 % corresponde a Guayas y el 47, 97% atañe a Guayaquil; mientras en relación a la provincia, Guayaquil engloba el 70,06 % y con respecto al AMG el 61,16 % de casos. Los porcentajes citados nos permiten proponer algunas interpretaciones como: los elevados niveles de emigrantes, la debilidad creciente del sistema de salud público impulsado por la austeridad de políticas neoliberales, la incapacidad del Estado para aprovechar las bases de datos existentes (INEC, Registro Civil, tarjetas de crédito, celulares, etc.,) y conformar una “Big Data”; la incapacidad manifiesta de los administradores hospitalarios para recibir pacientes, atender a sus familiares y manejar cadáveres, entre otras.

Un Estado ineficiente y un gobierno errático, más preocupado por el pago de la “deuda” que por la salud de sus habitantes, que es la prioridad nacional, tardó mucho en tomar decisiones vitales en esta crisis de salud pública y no coordinó adecuadamente con los GAD, que conocen la realidad de los territorios urbanos y su gente.