El primer golpe de Estado de las FF. AA. en el siglo XX fue el del 9 de julio de 1925, también llamado Revolución juliana, que institucionalizó la cuestión social que fue soslayada por la Revolución liberal de 1895, después del asesinato de Alfaro, por el concubinato de los regímenes plutocráticos con las oligarquías regionales. El continuador de este proyecto, el presidente Isidro Ayora, creó por decreto del 8 de marzo de 1928 (RO N°590) la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa, popularmente conocida como Caja de Pensiones, con lo que se inaugura el Seguro Social en Ecuador, con un retraso de 57 años después que el canciller Otto von Bismarck, en 1871, con la reunificación de Alemania impulsara el primer seguro social de vejez del mundo y, posteriormente, en 1884, el de enfermedad, por lo cual este estadista conservador fue acusado de socialista; y 7 años antes que el presidente Franklin D. Roosevelt de EE. UU., en 1935, aprobara la Ley de Seguridad Social, que combina seguridad económica con seguro social. Según el decreto, se constituyó el directorio para la gestión de la Caja de Pensiones con 7 miembros: 5 altos funcionarios del Estado y 2 representantes de las asociaciones de empleados del país. En 1928 se integró a los empleados bancarios, en 1935 a otros empleados privados y en 1948 se permitió la afiliación voluntaria. En 1970, en el último velasquismo, se cambió de denominación y diseño organizativo como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- IESS. Se benefició de las rentas petroleras. El 20 de noviembre de 1981 se promulgó la Ley de Extensión del Seguro Social Campesino. El Congreso Nacional, en 1987, integró el Consejo Superior en forma tripartita y paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados. En la Consulta Popular de 1995 se negó la participación del sector privado en el Seguro Social. El 30 de noviembre del 2001 (RO Nº 465) se publicó la Ley de la Seguridad Social, que el FUT sostiene que adolece de vacíos, desactualizaciones y facilita la corrupción e impunidad, por lo que urge su cambio y no sea más botín y/o caja chica de los gobiernos.