Diana Acosta-Feldman | El borrador
En Ecuador, en materia laboral, todo es progresividad, nunca retroceso
Hizo noticia el borrador de un Acuerdo Ministerial en el que se modificaría la jornada laboral, incrementando el límite actual de ocho horas diarias, por lo que el ministro de Trabajo ha hecho un llamado a un debate nacional al respecto.
Como antecedente, es importante recordar que la jornada laboral de ocho horas tiene su origen en la conquista obtenida mediante la huelga histórica ocurrida en Chicago el 1 de mayo de 1886, fecha por la cual en Ecuador también se conmemora el Día Internacional del Trabajo.
El Convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Ecuador es país suscriptor, elevó esta conquista en 1919 a norma internacional. Nuestro país ratificó esta convención y nuestra Constitución la protege como un derecho irrenunciable.
Lo citado no es arcaico romanticismo, es la base sobre la que se establecieron las horas laborables en nuestro país.
En el manejo de este debate, debe quedar claro que la relación laboral entre empleador y patrono no es equilibrada en términos de poder; por lo tanto, no existen condiciones reales de igualdad. Por ello, el derecho del trabajo protege a la parte más débil de la relación laboral, pues el trabajador, que necesita conservar su empleo, obviamente no negocia, acepta.
En consecuencia, el Derecho Laboral existe como una disciplina autónoma para compensar esa asimetría estructural mediante normas de orden público que no admiten la renuncia, ni siquiera mediante la firma del trabajador; y el artículo 326 de la Constitución prohíbe la regresión de derechos. En Ecuador, en materia laboral, todo es progresividad, nunca retroceso.
El debate nacional, construido a base de diálogo social, es bueno y saludable, siempre respetando los convenios de la OIT ratificados por el Ecuador y la Constitución vigente.
Recordemos que los derechos laborales no forman parte de una variable económica, son una garantía de dignidad humana con respaldo constitucional.
Esperemos que el debate abierto sea constitucional, profesional y legal, para evitar disputas innecesarias y demandas de inconstitucionalidad.