Señalar que la “seguridad es una tarea de todos los ciudadanos y no de la fuerza pública”, no es un dicho publicitario o del populismo penal, sino que responde a la realidad concreta y a la objetividad social; la dinámica delictual es altamente cambiante y expansiva, no solo en términos de temporalidad sino también en territorialidad y cobertura espacial. Así tenemos que las tasas de homicidios fueron mayores en las provincias costeras que en el resto del país como consecuencia de la violencia del narcotráfico y las limitaciones del Estado para enfrentar a sus actores y actividades específicas, caso de las elevadas ganancias monetarias -según la Onudd entre 2016 y 2022 la tasa de homicidios agravados en Ecuador se incrementó en 470 %, en 2022 se contabilizaron 2.496 y en este 2023 casi se duplica esa cifra -.

Como consecuencia del desarrollo desigual y combinado que caracteriza a nuestra formación social y a las diversas dinámicas delictuales en los territorios, articuladas por el narcotráfico, Guayaquil ocupa el puesto 24 entre las ciudades más violentas del mundo; mientras que Nueva Prosperina, un área urbana de esta urbe primada, situada al noroeste, registra una tasa de 125,62 homicidios por 100 mil habitantes, mientras Esmeraldas contabiliza una tasa de homicidios de 81,1 y Quito de 5,6 muertes violentas. Pero si revisamos los dos periódicos de circulación nacional, EXPRESO y El Universo, encontramos que las muertes violentas proliferan a lo largo y ancho de la geografía humana y económica nacional, desde alcaldes y concejales elegidos democráticamente, como Agustín Intriago de Manta, atentado a Luis Chonillo de Durán y a Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, entre otros; pasando por el asesinato de funcionarios locales y hasta las muertes violentas de ciudadanos, sin ningún prontuario, bajo la modalidad de sicariatos en ciudades pequeñas y recintos, áreas rurales. Pero también se cometen crímenes agravados en Pelileo, Provincia de Tungurahua; en Saquisilí, Salcedo y La Maná en Cotopaxi; en la fronteriza provincia de Carchi, entre otros casos. Lo explican los especialistas por encontrarse en los corredores de la cocaína colombiana, o próximas a la minería ilegal. (Continuará)