Reflexiones sobre delincuencia común

Profundicemos en algunas cuestiones sobre la delincuencia común o callejera actualmente en Guayaquil y el país, para aclarar mejor lo que sucede, en realidad, o lo que publican algunos medios de comunicación amarillistas que agudizan las percepciones de inseguridad y miedo en los ciudadanos y la sociedad.

¿Cómo y por qué se ha producido este escalamiento en la proliferación de robos en domicilios, comercios o servicios y la agresividad de los maleantes en cualquier lado de Guayaquil, Samborondón, Quito y ciudades de Los Ríos y Manabí? La respuesta es un tanto compleja y debe darse de forma detallada:

1.- Inciden mucho el desempleo creciente y empobrecimiento obvio provocados por la COVID y por limitaciones de las estrategias impulsadas por el COE-Municipio para cumplir las medidas colectivas de bioseguridad, en especial para evitar aglomeraciones y cumplir la distancia social. Observemos lo sucedido en las Bahías en Guayaquil con los desalojos de vendedores ambulantes, que en esta fecha ocupan aceras y calles del sector; son informales. Nos plantea el dilema entre salud y sobrevivencia.

2.- Las situaciones de alta violencia y homicidios nos destacan la participación de menores de edad, jóvenes (ni trabajan, ni estudian), consumidores de drogas, motociclistas; características para definir el perfil del delincuente callejero y su judicialización.

3.- Se observa la proliferación de armas de fuego de producción artesanal, adquiridas por compraventa o alquiler para el cometimiento de este tipo de delito. Pensamos que es necesario una mayor labor de la inteligencia policial y que a los ladrones apresados se los detenga, como mínimo, hasta después del 6 de enero.

4.- Judicialmente, debe tenerse en cuenta el pasado judicial de los delincuentes y, principalmente, el número de detenciones que registren y la actuación según la grabación para las decisiones que tomen juez y fiscal. Aquí debe darse mayor control por parte del Consejo de la Judicatura para impedir situaciones de corrupción e impunidad.

5.- A este sector socioeconómico vulnerable debe destinarse el 80 % de los bonos del desarrollo humano-BDH que propone el FMI.