El referéndum consulta celebrado el 21 de abril conlleva un conjunto de lecciones y enseñanzas para el Estado, la sociedad y el sistema político, desde sus fases iniciales-formales hasta la lectura de sus resultados, sobre los cuales debemos meditar. Esta institución legada de la democracia directa ateniense y de la Suiza de la alta Edad Media (siglo XIII), pero que han perfeccionado hasta la actualidad, permite que se extienda hoy a nivel global y constitucional, coadyuvando a potenciar y expandir el sistema democrático.

Generalmente esta consulta se debería emplear por parte del poder constituido para preguntar a los ciudadanos sobre temas trascendentales para el Estado-Nación, con lo cual consagra el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público, e incidir en las decisiones estatales y políticas gubernamentales y en el control colectivo de todos los niveles de gobierno. En el caso ecuatoriano, en las últimas dos décadas se han realizado nueve consultas referéndums, hemos respondido a 43 preguntas diversas que correspondían a intereses particulares de los gobiernos de turno, en general para medir su popularidad o posibilidades de reelección.

El CNE destacó que en este referéndum consulta hubo un ausentismo de 28 %, mientras en las dos últimas décadas este osciló entre 18 y 20 %, siendo el voto obligatorio, lo que incluso sorprendió a observadores electorales internacionales. Pensamos que esto es imputable a desacuerdos con el régimen consultante, a la opacidad comunicacional y a posturas conductuales autoritarias.

Sorprende que con la experiencia existente no se hayan subsanado las falencias y vacíos del Código de la Democracia para fijar los plazos de la campaña electoral de un referéndum consulta popular nacional, es muy corto los 11 días asignados; las exigencias para la difusión por parte del sistema de movimientos y partidos reconocidos como del gobierno proponente y la CNE, en indicadores cuantitativos y cualitativos a controlarse en conjunto. Hay que definir bien la obligatoriedad y tiempos para la difusión de contenidos de las preguntas y anexos por los sujetos políticos participantes e institucionales. (Continuaremos).